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Hacinamiento y violencia agudizan la crisis de seguridad en cárceles

En el país se estima que existen 173 personas privadas de su libertad o encarceladas por cada 100 mil habitantes. Esta tasa es mayor en Nayarit (573), Baja California (378), Sonora (367), Durango (329), y la Ciudad de México (323). Dicho cálculo es menor en entidades como el Estado de México (145), y Tlaxcala (54).

Hasta julio del año pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reportó una población de 233 mil 469 personas presas, conformada mayoritariamente por varones (95%), y por un menor porcentaje de mujeres (5%). El 81% de esta población ha sido encarcelada por delitos del fuero común (robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, homicidio, falsificación entre otros), y 19% por crímenes del fuero federal (narcotráfico y otros delitos contra la salud, delitos electorales, delitos ambientales, contrabando, piratería, delitos en materia de derechos de autor, defraudación fiscal, entre otros).[1]

De acuerdo con datos de la misma CNS, uno de los principales problemas del sistema penitenciario es la sobrepoblación en 157 de los 379 centros que lo conforman. Es decir, 41% de las prisiones tiene una población de más de 24 mil personas reclusas por arriba de su capacidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), complementa esta información con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, la cual detalla que durante el año en que se realizó dicho estudio cerca del 46% del total de la población encarcelada compartió su celda con más de cinco personas. Este porcentaje es mayor en Centros Estatales y Municipales (51.1%), sobre todo en los de Baja California, Estado de México, y Jalisco; mientras que, en Centros Penitenciarios Federales este porcentaje es mucho menor (4.5%).

El hacinamiento en el que se encuentran cerca de 24 mil prisioneros hace que se agudicen varios problemas dentro de los centros penitenciarios como el de seguridad. Continuando con la ENPOL 2016, a nivel nacional, solo el 19% de las personas privadas de su libertad menciona sentirse insegura al interior de las cárceles. Sin embargo, en entidades como el Estado de México (30%), Nuevo León (29%), y Ciudad de México (28%) la percepción de inseguridad es considerablemente alta.

Dicha apreciación aumenta en la medida en que se abordan problemas de seguridad específicos dentro de los centros penitenciarios. Por ejemplo, en términos de violencia el 32% del total de la población carcelaria entrevistada se siente vulnerable. Al desglosar esta opinión por entidades, el primer lugar lo ocupa nuevamente el Estado de México, ya que el 51% de los internos afirma sentirse violentado. En esta situación, Nuevo León queda en el quinto puesto con un 40% de personas privadas de la libertad que perciben violencia al interior de sus cárceles.

La ENPOL 2016 también arroja datos sobre el trato entre internos, así como entre éstos y los custodios. La media nacional obtenida muestra que el 25% de la población privada de la libertad tiene conflictos con compañeros de celda y/o custodios.

De estos, el 68% mencionó haber sido objeto de golpes, 24% indicó haber sufrido heridas con algún tipo de arma, y otro 22% dijo haber tolerado daños materiales por parte de sus compañeros de dormitorio y/o por los guardias.

No obstante, en las penitenciarías de 14 estados se reportan cifras por encima del promedio del país. Tal es el caso de los centros carcelarios del Estado de México, una de las tres primeras entidades donde las agresiones mencionadas se presentan con mayor frecuencia. De acuerdo con los presos que fueron entrevistados: el 82% ha recibido golpes, el 41% ha padecido heridas hechas por algún tipo de arma, y el 45% señala daños materiales.

De igual manera, a nivel nacional, un tercio de las personas presas (33%) también señaló haber sido víctima de conductas ilegales al interior del centro penitenciario en el que se encuentra. Los delitos más comunes o que más se mencionaron son: robo de objetos personales (89%), lesiones (25%), extorsión (20%), amenazas (18%), y delitos sexuales (5%).[2]

 

El manejo de los centros penitenciarios ha estado en el centro de la opinión pública en los últimos meses. Las cifras son claras y señalan las cárceles donde pueden manifestarse problemas debido a los actos de violencia que han estallado en diferentes centros del país.[3]

Por ejemplo, el pasado lunes 30 de octubre, se registró un motín en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec en el Estado de México. La situación se originó debido a que hubo un intento de asesinato en contra del reo Luis Alberto González Nieto, conocido como “El Tatos”, quien fue trasladado a este centro luego de darse a conocer las prácticas de tortura y extorsión que llevaba a cabo en contra de otros internos del penal Neza Bordo.[4] Esta situación se ha dado después de un mes de que el gobernador Alfredo del Mazo ha asumido la gubernatura del estado.

Mientras que, tan solo en el caso de Nuevo León han ocurrió 10 motines desde que el gobernador Jaime Rodríguez asumió la gubernatura en 2015.

Como se puede ver, los centros administrados por los gobiernos estatales y municipales presentan mayor sobrepoblación, por lo que el reto para estos niveles de gobierno es mayor. Esta situación al interior de las prisiones se suma a las problemáticas que estos niveles de gobierno enfrentan en seguridad pública. El reto es mayor y avanza en dos frentes.


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[1]http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281 y para ver el tipo de delitos http://www.oas.org/udse/cd_educacion/cd/Materiales_conevyt/VPLD/delitos.PDF

[2] La ENPOL incluye en delitos sexuales el hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación y violación sexual. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

[3] http://www.capitalmexico.com.mx/nacional/motines-rinas-penales-2017-mexico/

[4] http://www.animalpolitico.com/2017/10/motin-penal-chiconautla-edomex/


México no hace lo necesario para proteger la labor periodística

Once periodistas han sido asesinados en lo que va de 2017.[1] Se estima que desde el año 2000 hasta la fecha han ocurrido 111 homicidios relacionados con la ocupación informativa de las víctimas: 22 de estos casos acontecieron en la presidencia de Vicente Fox, 48 durante el gobierno de Felipe Calderón, y 38 en la presente administración de Enrique Peña Nieto.[2]

 

Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF), y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acentúan que la libertad de prensa en México se encuentra en una situación difícil debido a las numerosas agresiones hacia la seguridad y libertad de los periodistas que merman el pluralismo e independencia de los medios de comunicación en el país.[3]

 

Estas instituciones apuntan que durante este año se han contabilizado aproximadamente 326 atentados a periodistas a lo largo del territorio nacional: 111 amenazas, 66 intimidaciones, 56 ataques físicos o materiales, 28 privaciones de libertad, 24 acosos y hostigamientos, 9 intervenciones de las comunicaciones, 8 ataques a medios de comunicación, 6 intrusiones no autorizadas a instalaciones de medios o domicilios de periodistas, entre otros ataques a nivel nacional.[4]

En la Ciudad de México, se han presentado 79 de los 326 atentados registrados hasta la fecha. Si bien no se ha contabilizado ningún homicidio en lo que va del 2017, sí se han presentado 62 amenazas, 7 intervenciones de comunicaciones, 4 ataques a medios de comunicación, 3 ataques físicos o materiales, 2 intimidaciones, y una intrusión no autorizada.[5]

 

Dichas cifras muestran el escenario de inseguridad en que viven y ejercen su trabajo los comunicadores en México, cuya labor se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Esta percepción es compartida por gran parte de los capitalinos que aseveran conocer la situación actual de los periodistas en la capital y en otros estados del país.

En la más reciente encuesta en vivienda realizada por Delphos-NU, entre el 71 y 79% de los entrevistados en la Ciudad de México afirma haberse enterado de los crímenes que han victimizado a periodistas. Esta opinión varía dependiendo del tipo de agresión por la que se pregunte, así como por el cuestionamiento del lugar donde los atentados han ocurrido.

En lo referente a los asesinatos a comunicadores, el 78% de los capitalinos asegura estar enterado de homicidios en otras entidades del país. En menor medida, el 75% dice conocer que en la CDMX también se han presentado este tipo de delitos.

No obstante, esta última opinión no coincide con los conteos de los organismos internacionales, ya que en el último año no ha habido registro de periodistas muertos en la capital.  Es posible que la respuesta de la población esté relacionada con el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda de la colonia Narvarte a finales de julio de 2015.[6]

En cuanto a secuestros, el porcentaje de conocimiento de los capitalinos no difiere mucho al indagar si estos se han dado en la CDMX (72%) o en otras entidades del país (73%). Ocurre algo similar al preguntar si los ciudadanos se han enterado de la censura de periodistas; el 76% declara que este tipo de ataque a difusores de la información se ha dado en la ciudad, y 72% asegura saber que, al igual que en la CDMX, se censura a periodistas en otros estados.

Cabe mencionar que, se observa una diferencia considerable de 8 puntos porcentuales al examinar las opiniones respecto a las amenazas a comunicadores en la capital (79%), y en otras entidades (71%).

 

Responsables de los crímenes hacia periodistas

Datos de Articulo 19 concluyen que, de los 276 atentados registrados hasta junio de 2017, el 50.7% han sido cometidos por funcionarios públicos, 11.6% por grupos del crimen organizado, mientras que 6.2% acusan a miembros de partidos políticos, 10.1% se han dado por motivos entre particulares, y 21.4% no tienen agresor definido hasta el momento.[7]

Delphos-NU obtuvo respuestas similares al cuestionar a la población por los posibles responsables de los ataques a los periodistas: 26% opina que las autoridades de gobierno son quienes más atentan contra el trabajo de los comunicadores, 14% responsabiliza a la delincuencia organizada, 11% especifica que el narcotráfico es la causante, 1% menciona a los empresarios, y 5% desconoce las razones de las muertes. Cabe destacar que el 37% de los entrevistados considera que no hay un solo autor de los ataques a periodistas, sino que tanto las autoridades, como los grupos del crimen organizado, al igual que los partidos y empresarios, son responsables de los crímenes contra los trabajadores de la comunicación.

Protección e impunidad

En víspera del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas (IDEI, por sus siglas en inglés), que se conmemora cada 2 de noviembre desde el año 2013,[8] el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informa que este 2017 México ocupa el sexto lugar en el Índice Global de Impunidad.[9]

El informe del CPJ publicado cada año, para no olvidar este tipo de ataques, estima que el puntaje de impunidad del país aumentó 142% durante el último decenio a pesar de no aparecer en el índice durante los 10 años de publicación de este estudio. Asimismo, el índice responsabiliza a los 12 países del ranking, incluyendo a México, de casi el 80% de los asesinatos no resueltos que ocurrieron en todo el mundo de 2007 hasta el 31 de agosto de 2017.[10]

Desde 2012, el incremento de la violencia hacia los comunicadores atrajo la atención de organizaciones internacionales como la UNESCO, quien instó a las autoridades mexicanas a investigar el origen de las agresiones y a tomar medidas que permitieran ejercer la libertad de expresión y de prensa, las cuales son fundamentales para el estado de derecho y la democracia en México.[12]

A juicio de la mayoría de los capitalinos las autoridades no están haciendo lo indispensable para salvaguardar a los comunicadores. En la encuesta CDMX de Delphos-NU, el 82% de la población entrevistada se muestra incrédula ante las acciones de protección al afirmar que el Estado mexicano no está haciendo lo necesario, para garantizar la seguridad de los periodistas en su tarea informativa.

Aunada a la opinión de los capitalinos, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RFS), considera que en México se ha hecho poco por frenar las “violaciones a la libertad de informar”, de ahí que ocupe el lugar 147 de 180 en el respeto y procuración de derechos como la libertad de prensa.[13]

Sin embargo, RSF en su reporte destaca que la libertad de prensa podría dar un giro, ya que la edición 2017 de la clasificación mundial revela que las violaciones a la libertad de informar ya no son exclusivas de los regímenes autoritarios y de las dictaduras; cada vez más se multiplican los ataques a periodistas en las democracias poniendo en duda el adecuado funcionamiento de estos regímenes.[14]

Al igual que RSF, el informe 2017 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señala que en México han sido asesinados 21 periodistas con “absoluta impunidad en el pasado decenio”, de 2007 a 2017. [15]  El CPJ indica que, si bien se han dado avances como el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de combatir la impunidad por el asesinato de periodistas, también se han presentado retrocesos[16] como los 11 homicidios de periodistas contabilizados en lo que va de este año.

Las cifras de periodistas asesinados y violentados -de alguna u otra forma- son alarmantes, y tanto organizaciones locales como a nivel mundial cuestionan con datos concretos los avances en el cumplimiento de los compromisos, adquiridos por las autoridades mexicanas, de proteger y garantizar la seguridad de los periodistas, así como de combatir la impunidad de los crímenes de los que han sido víctimas.

De continuar con esta situación es posible que no solo el gremio periodístico, la libertad de prensa y el derecho a la información se vean diezmados, sino también la democracia en México, la cual en fechas recientes parece haber desilusionado a toda la población.[17]


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[1] En lo que va del 2017, Reporteros Sin Fronteras (RSF) han registrado 11 asesinatos de periodistas en México. https://rsf.org/en/barometer?year=2017

[2] Las organizaciones Artículo 19 (Article 19) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llevan sus propios registros de asesinatos de periodistas, pero la falta de resultados en investigaciones limita la relación directa de algunos homicidios de periodistas con su labor informativa lo que dificulta tener una cifra exacta. Sin embargo, se utilizaron los registros de Artículo 19 porque la información que posee fue obtenida del último informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de junio de 2017.  http://froji.mx/amenazas-muerte-e-impunidad-periodismo-mexico y http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/senala-sip-escalada-de-violencia-contra-la-prensa-en-mexico

[3] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa | ¿Un gran giro? http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/

[4] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/nacional

[5] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/ciudad-de-mexico

[6] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/08/1/un-periodista-entre-los-muertos-de-la-narvarte

[7] Primer semestre de 2017: 1.5 agresiones diarias contra periodistas en México. Artículo 19, 17 de agosto de 2017. https://articulo19.org/informesemestral2017/#_ftn1

[8]En memoria de los periodistas franceses asesinados en Malí el 2 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó esa fecha como el “Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas” (IDEI). https://en.unesco.org/endimpunity-2017/about-international-day-end-impunity | Asesinados a tiros dos periodistas franceses secuestrados en el norte de Malí. El País, 02 de noviembre de 2013. https://elpais.com/internacional/2013/11/02/actualidad/1383414551_209423.html

[9] El Índice Global de Impunidad del CPJ se centra en los países donde asesinan a periodistas y donde los responsables continúan impunes. https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more

[10] Ídem.

[12] México: UNESCO condena asesinato de periodista Adrián Silva en Puebla. Centro de noticias ONU, 21 de noviembre de 2012. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25034#.UX7ZhaKQWup

[13] http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/

[14] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 | ANÁLISIS | El periodismo, debilitado por la erosión democrática. http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-analisis-el-periodismo-debilitado-por-la-erosion-democratica/

[15] Para este índice, el CPJ examinó asesinatos de periodistas que ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2017 y que permanecen sin resolución. https://cpj.org/killed/americas/mexico/

[16] https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more

[17] Desilusiona en México la Democracia.  http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-cae-15-puntos-el-apoyo-a-la-democracia-pasa-de-71-a-56-en-un-ano.html

 

A un mes de gobierno, los retos de Alfredo del Mazo

El 16 de septiembre del 2017 Alfredo del Mazo Maza asumió la gubernatura del Estado de México para los próximos seis años, los cuales habrán de culminar el 15 de septiembre del 2023. Del Mazo Maza es el tercer miembro de la familia del Mazo en estar al frente del ejecutivo estatal del Estado de México; su abuelo, Alfredo del Maza Vélez, fue el primer gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo de 1945 a 1951; después, su padre, Alfredo del Mazo González, también sería gobernador de la entidad de 1981 a 1986. El actual ejecutivo estatal llega a la gubernatura después de haber sorteado la elección más competida del Estado de México. Apenas una ventaja de casi 3 puntos sobre la candidata de Morena le permitió a la tercera generación de los del Mazo volver a estar al frente de la entidad, lo cual también le significa al PRI seguir conservando su prevalencia ejecutiva en el estado, pues es uno de los cinco que aún no experimenta alternancia política. De esta manera, el nuevo gobernador se enfrenta a un clima político que ninguno de sus antecesores había vivido, gobernar con apenas un tercio de la votación total, 34%; en una de las votaciones con mayor participación de la entidad, 53%. De esta manera el primer gran reto para el nuevo gobernador es lograr un respaldo a su gestión de gobierno entre los mexiquenses, tarea por demás complicada considerando las opiniones negativas, 53%, que genera entre la población de la entidad.   Con 41 años de edad, del Mazo Maza enfrenta el reto de gobernar a la entidad más poblada del país. La tarea de gobernar esta entidad no es menor, los problemas son severos y se han dejado ver en temas como inseguridad, feminicidios, transporte público y pobreza; además de las afectaciones que dejaron los sismos del pasado mes de septiembre.

Inseguridad, la gran asignatura pendiente

La inseguridad en el Estado de México es un problema con el que día a día lidian los mexiquenses. Las cifras de inseguridad en el estado han ido al alza. Por ejemplo, el robo a casa habitación, ha registrado un aumento de un 50%.[1] No es casualidad que la inseguridad sea lo que más preocupe a los mexiquenses. De acuerdo con datos del INEGI, la inseguridad y delincuencia,77%, es el principal tema de preocupación entre los habitantes mayores de 18 años. Le siguen: corrupción, con 53%; desempleo, con 40%; mal desempeño del gobierno, con 37%; y pobreza, con un 35%. La última información del INEGI, respecto a esta problemática, muestra una tasa de prevalencia delictiva en este estado de 45,795 casos por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años para el 2015. Esta cifra coloca al estado en el primer lugar nacional, con una variación que ha ido aumentando en los últimos años.

Transporte público

Durante su campaña, el entonces candidato del PRI propuso combatir una de las vertientes más importantes de este problema: la seguridad en el transporte público, a través de la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y transporte especial para mujeres. La prevalencia de los robos en transporte público se ha mantenido constante para los mexiquenses, quienes desde el 2011, año en el cual inició su mandato Eruviel Ávila, han visto mantenerse este tipo de agravios en poco más de la mitad, 53%. Casi la mitad de los mexiquenses, 49%, mayores de 18 años dice haber sido víctima de un asalto en estos espacios, muy por encima de la media nacional la cual se ubica, para este tipo de delito, en 28%. En este caso, el reto para el nuevo gobierno será disminuir la incidencia de robos en el transporte público. Sector que en los últimos días ha tenido la atención de la opinión pública debido a que se autorizó el aumento de la tarifa mínima, la cual ya se ubica en $10. Sin embargo, diversos usuarios han denunciado a través de redes sociales que dicho aumento se lleva a cabo, por lo menos desde enero de este año. [2] Por lo pronto, acciones inmediatas y contundentes en este sector dentro de los primeros 100 días de gobierno mandarían un mensaje muy importante a la población mexiquense, la cual ve mermados sus bolsillos por estas circunstancias.

Violencia contra las mujeres, problema que no cede

El problema de la violencia de género, y en particular el feminicidio en el Estado de México, ha arrojado cifras alarmantes, a tal grado que en el sexenio de Eruviel Ávila se decretó la alerta de género en 11 municipios del estado (Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad). Hasta el 31 de julio de 2017, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de México, se habían cometido 41 feminicidios. Faltando dos meses para concluir el 2017, 22 menos de los 66 registrados por esta institución en todo 2016, pero uno más que en todo el 2013. Sin embargo, al considerar la cifra de delitos dolosos registrados en contra de mujeres de esta misma institución los números se disparan de manera considerable. Hasta julio de este año la Fiscalía llevaba registrados 145 homicidios dolosos. El máximo registrado se dio apenas el año pasado con 273 homicidios de este tipo. De inicio, el rubro de seguridad ha sido encomendado a Maribel Cervantes quien estará al frente de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Con experiencia en el tema, será la responsable de atender esta problemática que a decir de varias ONG’s va en aumento.[3]

Situación de pobreza

Otro reto importante para la nueva administración es la pobreza que impera en el estado. De acuerdo con cifras del CONEVAL la población en pobreza en el Estado de México pasó de 8,270 a 8,230 miles de mexiquenses, lo cual representa un 48% de la población del estado con al menos una carencia en rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; además de ingresos insuficientes que no les permiten adquirir bienes y servicios necesarios para cubrir necesidades de alimento y de otro tipo. En cuanto a pobreza extrema, el número de personas pasó de 1,207 a 1,057 miles de personas, en los años 2014 y 2016 respectivamente; lo cual significa un 6% de mexiquenses. Prácticamente poco menos de la mitad de la población del Estado de México vive en algún nivel de pobreza. Un aumento de 5 puntos respecto al 2010. Mientras que en pobreza extrema se dio una reducción en apenas 2.5 puntos en este mismo intervalo de tiempo. En este sentido, una de las propuestas más sonadas y que a su vez le generó las mayores críticas al actual gobernador fue el “salario rosa” para amas de casa. Con esta propuesta el gobierno del estado buscaría transferir algún tipo de recurso económico a un 22% (132,700) de amas de casa de entre 15 a 59 años en el estado, tomando como referencia la última encuesta intercensal del INEGI.

El sismo del 19 de septiembre y su impacto

Apenas cuatro días después de asumir como Gobernador, el Estado de México se vio afectado por el sismo del 19 de septiembre. De acuerdo a cifras del Gobierno estatal poco más de 7 mil viviendas se vieron afectadas, de ellas casi 2 mil se consideran pérdida total.  En cuanto a la situación de los inmuebles educativos de la entidad, al 4 de octubre se reportaron 3 mil 645 escuelas afectadas, 78 con pérdida total; lo cual convierte al estado en uno de los más afectados en este rubro.[4]  

Alfredo del Mazo Maza ha asumido la gubernatura, como lo hicieran su padre y abuelo, de uno de los estados más complejos de la República. La familia del Mazo se ha mantenido en el primer plano de la política nacional, hoy la tercera generación deberá resolver problemas que le han heredado administraciones pasadas, además de la situación de emergencia producto de los pasados temblores. El reto no es menor, ha pasado un mes de gobierno y los retos deben enfrentarse cuanto antes, pues de lo contrario quizá el actual gobernador será con quién el PRI vea su último periodo de gobierno ininterrumpido, si atendemos a los resultados de la última elección.


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[1] http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/registra-edomex-incremento-de-50-en-robo-casa-habitacion [2] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/16/1140230 [3] https://elpais.com/internacional/2017/05/15/mexico/1494869255_010650.html [4] http://edomexinforma.com/2017/10/afirma-adm-que-el-edomex-no-descansara-hasta-ponerse-nuevamente-de-pie/

Feminicidios: sin estadísticas, la política pública está ciega

Feminicidios: sin estadísticas, la política pública está ciega

El pasado 28 de julio se cumplió un año de que por primera vez en la historia la Secretaria de Gobernación emitiera para una entidad la declaratoria de alerta de violencia de género. Debido al alto número de feminicidios cometidos en el Estado de México se declaró alerta para 11 municipios del estado[1] con la finalidad de enfrentar y erradicar la violencia feminicida.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), cuya tarea es proporcionar y administrar la información procesada de las instancias que intervienen en casos de violencia de género, no tiene registros completos referentes al tema, debido a que hay estados que no han integrado su información de manera oportuna y correcta.

Por otra parte, las bases de datos disponibles a nivel estatal y federal sobre crímenes violentos contra la mujer se muestran carentes. En la página web del Sistema Nacional de Seguridad Pública por ejemplo, se encuentran datos abiertos de incidencia delictiva recaudados por los diferentes estados del país. No obstante no se diferencia entre víctimas hombres y mujeres. Tampoco existen datos sobre feminicidios, el único indicador sobre violencia en contra de mujeres es el índice de violaciones.

Los datos oficiales

Aunque el mismo registro omite desagregar las denuncias por sexo, se puede suponer que en la gran mayoría las víctimas de este crimen son mujeres y que este tipo de violencia de género se asocia con el feminicidio.[2]

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Se puede observar un incremento considerable y constante entre la administración de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto. Es aquí donde se ubica el principal argumento: de contar con información pública que permita detectar una problemática, se pueden diseñar instrumentos institucionales para contrarrestarla. Sin embargo, se observa que durante la administración del exgobernador Enrique Peña el número de violaciones reportadas aumentó, mientras que se registra un decremento en las cifras durante los últimos dos años de la administración del Gobernador Ávila.

La cifra manejada por el documento de la ONU “La Violencia Feminicida En México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”[3] puede dar otra referencia sobre este fenómeno, sin embargo no contamos con información actualizada antes, durante y posterior a la alerta de género que nos pueda dar una señal clara de un avance o retroceso en la problemática.

No obstante, cuando se analiza  el número de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH), se identifica que el municipio de Ecatepec aparece dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional de 2009 a 2014. Es en este último año donde el municipio mexiquense se posiciona en primer lugar.

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De no contar con cifras actualizadas y confiables  ninguna administración puede enfrentar un fenómeno social de esta magnitud. Es necesario medir, estudiar y comprender su composición. En palabras de Angus Deaton[4]: “no existe un gobierno ilustrado sin la recolección de datos”.

La encuesta Delphos julio 2016

Bajo este contexto, la encuesta Delphos realizada en el Estado de México en la primer semana de julio muestra que 2 de cada 3 mexiquenses han oído hablar de feminicidios en la entidad. “Muchas veces oye uno que encontraron una muchachita, oye que se llevaron a otra. En su momento lo escucha y lo escucha, y lo ve pasar como si nada. Hoy nos lo platican y mañana ya se le olvidó a la gente.”[5]

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Aproximadamente 1 de cada 3 personas entrevistadas aseguró haber conocido una mujer desaparecida y/o asesinada, las agresiones hacia las mujeres no involucran necesaria ni exclusivamente violencia física, sino que están permeadas por una serie de comportamientos de diversa índole, como son el hostigamiento y el acoso verbal, sobre todo en espacios públicos. En este sentido el 44 % de los entrevistados dijo conocer el caso de una mujer acosada verbalmente en la calle.

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Una buena parte de los crímenes violentos contra las mujeres quedan en la impunidad y fuera de los registros públicos. Sin embargo  los mexiquenses muestran estar conscientes de un problema de violencia hacia las mujeres. El 88% de los entrevistados coinciden en que hay un problema de esta índole a nivel estatal, el 73% lo percibe a nivel municipal y el 68% lo detecta en su colonia.

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De cara al próximo proceso electoral no cabe duda que este tema será uno de los principales pendientes a resolver y la mayoría de los mexiquenses creen que una figura femenina estaría más preocupada  por resolver la situación actual de los feminicidios. La siguiente pregunta es quién de las posibles abanderadas dará mayor certidumbre sobre el tema.

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En resumen se puede decir que el tema de los feminicidios ha captado la atención del Mexiquense y está reconocido como un problema a tratar en la opinión pública. Sin embargo no hay información clara y concisa sobre la victimología, la cual es imprescindible para comprender el fenómeno.

Se requiere de manera urgente un sistema de información para visibilizar, prevenir e intervenir en el problema de feminicidios. El fin de toda investigación respecto al tema debe conducir a la instrumentación de políticas públicas desde una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres.

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[1] Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México.

[2] Cifras de incidencia delictiva 1997-2016, Secretariado Ejecutiuvo del Sistema Nacional de Seguridad pública. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-abiertos.php

[3]http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527

[4] Premio Nobel de economía 2015.

[5] https://news.vice.com/es/article/asesinadas-estado-mexico-silenciosa-epidemia