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Candidatos transparentes para el Estado de México

Candidatos transparentes para el Estado de México

El pasado 2 de febrero la iniciativa de ley conocida como “Ley 3 de 3” (Ley General de Responsabilidades Administrativas) fue presentada al Congreso de la Unión con el aval de  más de 600 mil firmas ciudadanas.[1] La demanda principal: abatir la corrupción y los conflictos de interés existentes entre los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, además de los órganos autónomos del Estado.

Una de las principales propuestas contenidas en esta iniciativa consistió en la presentación, por parte de todo candidato a un puesto de elección popular, de sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, de manera periódica y pública.[2]

Este ejercicio surgió a raíz del proceso electoral federal de 2015. En ese entonces varias organizaciones de la sociedad civil lanzaron la plataforma electrónica “Candidato Transparente” con el fin de que cada candidato de ese proceso pudiera subir sus tres declaraciones, los electores pudieran acceder a esta información y con ello tener más elementos a la hora de decidir su voto.

De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), principal impulsor de la plataforma, fueron alrededor de 400 los candidatos que en ese entonces presentaron sus tres declaraciones,[3] de un total de 2,159 cargos de elección popular.[4]

Nuevamente se impulsó el mismo ejercicio para el proceso electoral de 2016. Sólo 74 candidatos electos hicieron públicas sus declaraciones en el sitio www.3de3.mx,[5] de un total de 713 puestos de elección popular.[6]

Poca transparencia

El proceso electoral del año entrante involucra a tres estados que renovarán gubernatura, Coahuila, Nayarit y Estado de México; de ellos este último se ha convertido en el centro de atención por ser un estado sin alternancia política, como Coahuila, y la entidad de la cual proviene el actual Presidente de la República.

Un elemento central en las pasadas elecciones del cinco de junio fueron los señalamientos de corrupción y la falta de transparencia de los gobiernos estatales, particularmente en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, estados donde el PRI perdió.

Bajo este contexto Delphos en su encuesta a nivel Estado de México, encontró que la mayoría de los entrevistados no han escuchado hablar de la llamada “Ley 3 de 3”, pese a que en la entidad el tema se abordó desde 2015 cuando se llevó a cabo un proceso electoral concurrente (ayuntamientos y Congreso local, así como Diputados federales). Este dato se conjuga con el hecho de que sólo 2 de los 125 presidentes municipales que tiene la entidad han presentado sus respectivas declaraciones.[7]

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Sin embargo, el que la mayoría de los habitantes de la entidad no hayan escuchado hablar de la “Ley 3 de 3”, no significa que no estén de acuerdo con la intención de la iniciativa. Casi 7 de cada 10 entrevistados apoyaría a un candidato que haga público su patrimonio y su pago de impuestos.

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En este mismo sentido,  41% de los electores del Estado de México consideran que el país se vería beneficiado si los candidatos hicieran público su patrimonio, el pago de sus impuestos y su declaración de interés.

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Mientras que los más perjudicados, a su consideración, serían los políticos, 47%, y los empresarios, 52%.

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El pasado 18 de julio, en el marco de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción el Presidente de México pidió perdón por la percepción generada en torno al tema de la Casa Blanca.[8] Esta declaración se da en un contexto en el cual los gobernadores han sido señalados por la opinión pública como una de las figuras de gobierno más corruptas. En particular los casos de César Duarte (Chihuahua), Javier Duarte (Veracruz) y  Roberto Borge (Quintana Roo).

De cara al siguiente proceso electoral en el Estado de México, los candidatos tendrán que atender los temas de transparencia que el electorado les demanda. Con base en este argumento la clase política tiene una larga cuesta que subir rumbo al 2017.

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*Para cualquier duda o comentario contacte a:
diaz@delphos-nu.com
[1] http://www.milenio.com/politica/ley_3_de_3_0_718128466.html [2] http://ley3de3.mx/es/quienes-somos/ [3] http://www.animalpolitico.com/2015/06/df-la-entidad-con-mas-candidatos-transparentes-en-eleccion-2015-campeche-la-mas-opaca/ [4] http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/2015_CT_Bolet%C3%ADn_Candidato_Transparente.pdf [5] http://3de3.mx/#/elecciones/2016 [6] No se consideran 715 municipios electos por el sistema de usos y costumbres en Tlaxcala y Oaxaca. Cálculo propio a partir de los datos del INE, suma uno más con la inclusión del municipio Puerto Morelos en Quintana Roo. http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Calendario_Electoral/ [7] http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=904447&md5=14373417294618c15443e0227804ed09&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=f720adaa2b2b2e95c31dd8f89e2b0e6d [8] http://expansion.mx/nacional/2016/07/18/pena-nieto-pide-perdon-por-el-caso-de-la-casa-blanca

Iniciativa “3 de 3” una opción para el combate a la corrupción

Iniciativa “3 de 3” una opción para el combate a la corrupción

La corrupción hoy en día es uno de los mayores problemas a nivel mundial. En el caso mexicano, nuestro país se ubica entre aquellos con altos niveles de corrupción. Según el ranking mundial “Percepción de la Corrupción” 2015, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país tiene un puntaje de 35 sobre 100; lo cual lo ubica en el número 95 de un total de 168 países que abarca la medición.[1] Este indicador se ha mantenido estable, por lo menos desde 2010, año en el cual México se ubicó en el lugar número 98.[2]

A nivel América latina, la situación del país es poco favorable. México es de los países peor evaluados en el tema. El informe  Latinobarómetro 1995-2015 indica que un 28% de la población dice tener conocimiento de algún acto de corrupción, esto significa un tercer lugar en la medición, solo antecedido por Brasil, 70%; y Paraguay, 37%. En  este mismo sentido, cuando se evalúa el progreso  en la reducción de la corrupción, nuestro país se ubica en los últimos lugares, superado solo por Argentina y Brasil.[3]

Delphos llevó a cabo una encuesta nacional en Junio de 2015, en la cual se indagó sobre la percepción y expectativas que los mexicanos tenemos sobre la corrupción en el país. Se tomó como base la información publicada en el Informe de Transparencia Internacional de 2014, en el cual se ubica a México como uno de los países más corruptos de América Latina, 103 de 175.[4] Al respecto, se preguntó si consideraban que México seguiría siendo de los países más corruptos a nivel regional. La mayoría de los mexicanos consideraron que el país seguiría siendo de los más corruptos en la región, con un 66%.

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Cómo se desenvuelve la corrupción en México

El combate a la corrupción considera diversas dimensiones, una de ellas tiene que ver con el nivel de penetración que esta tiene en la sociedad y sus instituciones, sobre todo las de gobierno. En este sentido, la encuesta nacional de Delphos preguntó sobre la percepción de existencia de corrupción en el servicio público mexicano. Los mexicanos consideraron que más de la mitad de quienes integran el servicio público del país está involucrado en algún caso de corrupción.

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Otra de las dimensiones del problema radica en el tiempo y la frecuencia con que los actos de corrupción suceden. Al momento de evaluar sobre la frecuencia de las mismas, casi la mitad de la población considera que los casos de corrupción son más frecuentes que hace seis años, 46%; mientras que sólo un 10% considera que actualmente los casos son menos.

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Al mismo momento que los mexicanos consideran que los casos de corrupción hoy son más frecuentes,  casi la mitad considera que los casos que involucran prácticas de corrupción actualmente son más fáciles de detectar, 45%; a diferencia de seis años atrás, 14%.Diapositiva5

 

Políticos y funcionarios públicos, los más corruptos

El Barómetro Global de Corrupción 2013, elaborado por Transparencia Internacional[5] refiere que los mexicanos consideran a los partidos políticos, 91%; a la policía, 90%; a funcionarios y servidores públicos, 87%; así como los legisladores, 83%; como los más, o extremadamente, corruptos.

Con el objetivo de buscar darle mayor transparencia a los procesos de gobierno y disminuir el problema de la corrupción, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como cámaras empresariales y académicos, encabezados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM); lanzaron el pasado 14 de abril la plataforma “Candidato transparente” http://tresdetres.mx/#/.

En abril de 2015 Delphos llevó a cabo una encuesta nacional en vivienda en la cual midió el impacto que esta iniciativa tenía en la sociedad. En ese entonces la plataforma era poco conocida, pues sólo un 55% de la ciudadanía dijo no haber escuchado sobre “Candidato Transparente, 3 de 3”; mientras que solo un 34%, dijo haber escuchado al respecto.

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El objetivo principal de la iniciativa en un principio fue promover que los candidatos a ocupar un puesto de representación popular en la elección federal de 2015, hicieran pública, a través de la plataforma electrónica, sus declaraciones patrimoniales, de interés y de pago de impuestos de los últimos tres años; debido a que a la fecha no existe un fundamento legal que obligue a quién compita por un cargo público a hacer pública esta información.

De esta manera, se buscó que la ciudadanía contara con más y mejores herramientas para elegir a las, entonces, próximas autoridades de gobierno y, con ello, ayudar a combatir la corrupción.  Con este referente, Delphos preguntó a los electores a nivel nacional si la publicación de esta información modificaría su intención de voto en las elecciones de 2015. Poco menos de la mitad de la población dijo que preferiría votar por un candidato que hiciera públicas estas tres declaraciones, 46%.

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Al día de hoy, a poco más de medio año de haber transcurrido el proceso electoral de 2015, se busca que este ejercicio pueda convertirse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obligue a los funcionarios públicos hacer públicas las declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal. El fundamento, de acuerdo a los propios impulsores, sigue siendo “transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos.”[6]

De esta manera es como desde la sociedad civil se busca atacar uno de los principales problemas que se han venido señalando en la opinión pública del país. Queda pendiente volver a evaluar el impacto y la aceptación de esta iniciativa, denominada “Ley 3 de 3”, pues a casi un año de distancia resulta pertinente indagar sobre el impacto en el ejercicio de gobierno de quienes, siendo candidatos, se sumaron a este ejercicio político.

  [1] https://www.transparency.org/country/#MEX_DataResearch [2] https://www.transparency.org/cpi2010 [3] Latinobarómetro, Veinte años de opinión pública Latinobarómetro http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp [4] https://www.transparency.org/cpi2014/results [5] https://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=mexico [6] http://ley3de3.mx/#informate