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México no hace lo necesario para proteger la labor periodística

Once periodistas han sido asesinados en lo que va de 2017.[1] Se estima que desde el año 2000 hasta la fecha han ocurrido 111 homicidios relacionados con la ocupación informativa de las víctimas: 22 de estos casos acontecieron en la presidencia de Vicente Fox, 48 durante el gobierno de Felipe Calderón, y 38 en la presente administración de Enrique Peña Nieto.[2]

 

Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF), y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acentúan que la libertad de prensa en México se encuentra en una situación difícil debido a las numerosas agresiones hacia la seguridad y libertad de los periodistas que merman el pluralismo e independencia de los medios de comunicación en el país.[3]

 

Estas instituciones apuntan que durante este año se han contabilizado aproximadamente 326 atentados a periodistas a lo largo del territorio nacional: 111 amenazas, 66 intimidaciones, 56 ataques físicos o materiales, 28 privaciones de libertad, 24 acosos y hostigamientos, 9 intervenciones de las comunicaciones, 8 ataques a medios de comunicación, 6 intrusiones no autorizadas a instalaciones de medios o domicilios de periodistas, entre otros ataques a nivel nacional.[4]

En la Ciudad de México, se han presentado 79 de los 326 atentados registrados hasta la fecha. Si bien no se ha contabilizado ningún homicidio en lo que va del 2017, sí se han presentado 62 amenazas, 7 intervenciones de comunicaciones, 4 ataques a medios de comunicación, 3 ataques físicos o materiales, 2 intimidaciones, y una intrusión no autorizada.[5]

 

Dichas cifras muestran el escenario de inseguridad en que viven y ejercen su trabajo los comunicadores en México, cuya labor se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Esta percepción es compartida por gran parte de los capitalinos que aseveran conocer la situación actual de los periodistas en la capital y en otros estados del país.

En la más reciente encuesta en vivienda realizada por Delphos-NU, entre el 71 y 79% de los entrevistados en la Ciudad de México afirma haberse enterado de los crímenes que han victimizado a periodistas. Esta opinión varía dependiendo del tipo de agresión por la que se pregunte, así como por el cuestionamiento del lugar donde los atentados han ocurrido.

En lo referente a los asesinatos a comunicadores, el 78% de los capitalinos asegura estar enterado de homicidios en otras entidades del país. En menor medida, el 75% dice conocer que en la CDMX también se han presentado este tipo de delitos.

No obstante, esta última opinión no coincide con los conteos de los organismos internacionales, ya que en el último año no ha habido registro de periodistas muertos en la capital.  Es posible que la respuesta de la población esté relacionada con el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda de la colonia Narvarte a finales de julio de 2015.[6]

En cuanto a secuestros, el porcentaje de conocimiento de los capitalinos no difiere mucho al indagar si estos se han dado en la CDMX (72%) o en otras entidades del país (73%). Ocurre algo similar al preguntar si los ciudadanos se han enterado de la censura de periodistas; el 76% declara que este tipo de ataque a difusores de la información se ha dado en la ciudad, y 72% asegura saber que, al igual que en la CDMX, se censura a periodistas en otros estados.

Cabe mencionar que, se observa una diferencia considerable de 8 puntos porcentuales al examinar las opiniones respecto a las amenazas a comunicadores en la capital (79%), y en otras entidades (71%).

 

Responsables de los crímenes hacia periodistas

Datos de Articulo 19 concluyen que, de los 276 atentados registrados hasta junio de 2017, el 50.7% han sido cometidos por funcionarios públicos, 11.6% por grupos del crimen organizado, mientras que 6.2% acusan a miembros de partidos políticos, 10.1% se han dado por motivos entre particulares, y 21.4% no tienen agresor definido hasta el momento.[7]

Delphos-NU obtuvo respuestas similares al cuestionar a la población por los posibles responsables de los ataques a los periodistas: 26% opina que las autoridades de gobierno son quienes más atentan contra el trabajo de los comunicadores, 14% responsabiliza a la delincuencia organizada, 11% especifica que el narcotráfico es la causante, 1% menciona a los empresarios, y 5% desconoce las razones de las muertes. Cabe destacar que el 37% de los entrevistados considera que no hay un solo autor de los ataques a periodistas, sino que tanto las autoridades, como los grupos del crimen organizado, al igual que los partidos y empresarios, son responsables de los crímenes contra los trabajadores de la comunicación.

Protección e impunidad

En víspera del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas (IDEI, por sus siglas en inglés), que se conmemora cada 2 de noviembre desde el año 2013,[8] el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informa que este 2017 México ocupa el sexto lugar en el Índice Global de Impunidad.[9]

El informe del CPJ publicado cada año, para no olvidar este tipo de ataques, estima que el puntaje de impunidad del país aumentó 142% durante el último decenio a pesar de no aparecer en el índice durante los 10 años de publicación de este estudio. Asimismo, el índice responsabiliza a los 12 países del ranking, incluyendo a México, de casi el 80% de los asesinatos no resueltos que ocurrieron en todo el mundo de 2007 hasta el 31 de agosto de 2017.[10]

Desde 2012, el incremento de la violencia hacia los comunicadores atrajo la atención de organizaciones internacionales como la UNESCO, quien instó a las autoridades mexicanas a investigar el origen de las agresiones y a tomar medidas que permitieran ejercer la libertad de expresión y de prensa, las cuales son fundamentales para el estado de derecho y la democracia en México.[12]

A juicio de la mayoría de los capitalinos las autoridades no están haciendo lo indispensable para salvaguardar a los comunicadores. En la encuesta CDMX de Delphos-NU, el 82% de la población entrevistada se muestra incrédula ante las acciones de protección al afirmar que el Estado mexicano no está haciendo lo necesario, para garantizar la seguridad de los periodistas en su tarea informativa.

Aunada a la opinión de los capitalinos, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RFS), considera que en México se ha hecho poco por frenar las “violaciones a la libertad de informar”, de ahí que ocupe el lugar 147 de 180 en el respeto y procuración de derechos como la libertad de prensa.[13]

Sin embargo, RSF en su reporte destaca que la libertad de prensa podría dar un giro, ya que la edición 2017 de la clasificación mundial revela que las violaciones a la libertad de informar ya no son exclusivas de los regímenes autoritarios y de las dictaduras; cada vez más se multiplican los ataques a periodistas en las democracias poniendo en duda el adecuado funcionamiento de estos regímenes.[14]

Al igual que RSF, el informe 2017 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señala que en México han sido asesinados 21 periodistas con “absoluta impunidad en el pasado decenio”, de 2007 a 2017. [15]  El CPJ indica que, si bien se han dado avances como el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de combatir la impunidad por el asesinato de periodistas, también se han presentado retrocesos[16] como los 11 homicidios de periodistas contabilizados en lo que va de este año.

Las cifras de periodistas asesinados y violentados -de alguna u otra forma- son alarmantes, y tanto organizaciones locales como a nivel mundial cuestionan con datos concretos los avances en el cumplimiento de los compromisos, adquiridos por las autoridades mexicanas, de proteger y garantizar la seguridad de los periodistas, así como de combatir la impunidad de los crímenes de los que han sido víctimas.

De continuar con esta situación es posible que no solo el gremio periodístico, la libertad de prensa y el derecho a la información se vean diezmados, sino también la democracia en México, la cual en fechas recientes parece haber desilusionado a toda la población.[17]


contacto@delphos.nu

[1] En lo que va del 2017, Reporteros Sin Fronteras (RSF) han registrado 11 asesinatos de periodistas en México. https://rsf.org/en/barometer?year=2017

[2] Las organizaciones Artículo 19 (Article 19) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llevan sus propios registros de asesinatos de periodistas, pero la falta de resultados en investigaciones limita la relación directa de algunos homicidios de periodistas con su labor informativa lo que dificulta tener una cifra exacta. Sin embargo, se utilizaron los registros de Artículo 19 porque la información que posee fue obtenida del último informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de junio de 2017.  http://froji.mx/amenazas-muerte-e-impunidad-periodismo-mexico y http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/senala-sip-escalada-de-violencia-contra-la-prensa-en-mexico

[3] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa | ¿Un gran giro? http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/

[4] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/nacional

[5] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/ciudad-de-mexico

[6] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/08/1/un-periodista-entre-los-muertos-de-la-narvarte

[7] Primer semestre de 2017: 1.5 agresiones diarias contra periodistas en México. Artículo 19, 17 de agosto de 2017. https://articulo19.org/informesemestral2017/#_ftn1

[8]En memoria de los periodistas franceses asesinados en Malí el 2 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó esa fecha como el “Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas” (IDEI). https://en.unesco.org/endimpunity-2017/about-international-day-end-impunity | Asesinados a tiros dos periodistas franceses secuestrados en el norte de Malí. El País, 02 de noviembre de 2013. https://elpais.com/internacional/2013/11/02/actualidad/1383414551_209423.html

[9] El Índice Global de Impunidad del CPJ se centra en los países donde asesinan a periodistas y donde los responsables continúan impunes. https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more

[10] Ídem.

[12] México: UNESCO condena asesinato de periodista Adrián Silva en Puebla. Centro de noticias ONU, 21 de noviembre de 2012. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25034#.UX7ZhaKQWup

[13] http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/

[14] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 | ANÁLISIS | El periodismo, debilitado por la erosión democrática. http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-analisis-el-periodismo-debilitado-por-la-erosion-democratica/

[15] Para este índice, el CPJ examinó asesinatos de periodistas que ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2017 y que permanecen sin resolución. https://cpj.org/killed/americas/mexico/

[16] https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more

[17] Desilusiona en México la Democracia.  http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-cae-15-puntos-el-apoyo-a-la-democracia-pasa-de-71-a-56-en-un-ano.html

 

UNA RED NEUTRAL: Regulaciones y acceso a internet en México y el mundo

El avance tecnológico ha traído consigo grandes cambios a la vida de las sociedades actuales. La forma en que los seres humanos se relacionan unos con otros, así  como con el entorno, ha cambiado de manera acelerada en la última década. Como consecuencia, se han tenido que replantear los términos, valores y concepciones bajo los cuales las relaciones personales, así como las políticas, se habían normado en el último siglo.

Las barreras que los espacios físicos habían impuesto a la interacción interpersonal han sido superadas. El internet y la red tienen hoy una preponderancia en la discusión, intercambio y formación de opiniones en tiempo real. En este espacio creativo convergen una gran cantidad de individuos, así como de instituciones y gobiernos.

Sin embargo, internet también ha sido un espacio de disputa, en el cuál gran parte de las sociedades ven un espacio de libertad que debiera conservarse fuera de la esfera de influencia de cualquier tipo de poder; principalmente el político, debido a las restricciones que pueden llegar a presentar para el desarrollo de la libertad y participación política.

Por otra parte, existen opiniones que han expresado la necesidad de regular internet. Desde su punto de vista, internet puede ser un espacio potencialmente peligroso sino se regula y vigila la actividad que ahí se desarrolla. Para ello, los argumentos que se han esgrimido van desde “seguridad nacional”, hasta la misma tutela de derechos como “al honor o a la libertad de expresión”.

Si bien ambas visiones pueden coincidir en la necesidad de tener certeza y garantías mínimas para los usuarios de internet, encuentran sus mayores discrepancias al momento de establecer las formas de garantizar la misma. Es así como el debate entre seguridad y libertad se instala en una disyuntiva que  atraviesa diversos aspectos de la vida individual, social y política; tanto en los planos nacionales y mundiales.

Bajo este contexto, se circunscribe el trabajo de Freedom House. El reciente estudio Freedom on the Net 2015 realizado entre el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, analiza los principales temas relacionados a la libertad en la red, en tres ejes específicos: obstáculos para el acceso al internet, límites impuestos a los contenidos y  violaciones a los derechos de los usuarios.

Freedom House evaluó a 65 países, calificándolos en una escala del 0 (libre) al 100 (no libre). La muestra utilizada representa al 88% de la población con acceso a internet en el mundo. De estos 3 mil millones de usuarios, el 40% se concentra en solo tres países: China, Estados Unidos e India; cada uno evaluado respectivamente como “no libre”, “libre” y “parcialmente libre”.

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PANORAMA MUNDIAL

El potencial comunicacional de internet es vasto, diversos gobiernos a lo largo del globo consideran de suma importancia controlar los alcances comunicativos que los habitantes de su país puedan tener. Por ejemplo, China mantiene una “soberanía cibernética” donde la publicación de contenidos con críticas hacía el régimen político, así como a las autoridades de gobierno se consideran “apología del terrorismo”, por lo que se considera que los usuarios con acceso que generan contenidos con esta tónica se convierte en un tipo de terrorista casero.

Los criterios que Freedom House usó al evaluar a las 65 naciones se concentran en el grado de censura y su aplicación a ciertos temas.

El grado de censura se expresa principalmente a través de:

  • Bloqueo de páginas relevantes.
  • Bloqueo de aplicaciones de mensajería
  • Intentos de derribo de direcciones URL y supresión de contenidos.
  • Detención de usuarios.

Mientras que los temas sujetos a censura son principalmente aquellos relacionados con:

  • Critica a autoridades.
  • Corrupción.
  • Oposición política.
  • Crítica social.
  • Movilización por causas públicas.
  • Cuestiones LGBTTTI.
  • Minorías religiosas y étnicas.
Estos indicadores muestran aspectos de la libertad en internet a nivel global: 1)  61% de los internautas en el mundo habitan en países donde la crítica al gobierno, a las fuerzas armadas o a la élite política genera altos niveles de censura. 2)  58% residen en países donde bloggers o usuarios terminaron encarcelados por compartir contenidos políticos, sociales o religiosos en la red. 3) 47% vive en países donde es frecuente que las personas sean atacadas o asesinadas debido a su actividad en la red relacionada con temas mencionados. 4) 38% viven en países donde el uso de aplicaciones de mensajería ha sido bloqueado.

El informe sobre América Latina, ubica a Argentina y Brasil entre las 18 naciones con “internet libre”; a Colombia, Ecuador, México y Venezuela dentro de “internet parcialmente libre”. Mientras que Cuba se clasifica como “no libre”, aunque en vías de mejora debido al establecimiento de las primeras conexiones públicas Wi-Fi, a una mayor apertura entre los medios de comunicación en línea y, reducción del costo de acceso a internet.

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ELCASO MEXICANO

De acuerdo a la evaluación del informe, México es  “parcialmente libre” (39 puntos lo mismo que en 2014), principalmente por mantener un ambiente hostil hacia los periodistas en línea y bloggers, quienes han sido objeto de acoso tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos.

El caso de “Lucy”, una de las administradoras del sitio “El blog del Narco”, no es el único pero sí representativo de esta situación. Esta blogger,  tuvo que abandonar el país y refugiarse en España[1] ante la desaparición de un colaborador del sitio en el 2013.

No obstante, el uso del internet también ha buscado ser regulado desde el gobierno, por ejemplo, la iniciativa de Ley para prevenir y sancionar los delitos informáticos); presentada en el Senado [2] El encarcelamiento de tuiteros acusados de terrorismos, luego de difundir rumores de violencia en el estado de Veracruz.[3] O el caso de Nuevo León, en el cuál el Congreso estatal pretendió sancionar la “difamación a través de cualquier  medio electrónico”.[4]

Otro de los indicadores de libertad en internet aplicado al caso mexicano tiene que ver con la accesibilidad que la población tiene a esta tecnología. En este sentido es importante mencionar el grado de penetración que el internet tiene en el país, 44%. El estudio muestra la desigualdad entre el norte y el sur de la república, donde uno de cada dos habitantes tiene acceso a internet (norte), a diferencia de uno de cada diez en estados como Chiapas y Oaxaca.

Al ir más allá del diagnóstico general de libertad brindado por Freedom on the Net 2015, es posible identificar las condiciones técnicas en las que se accede a le red en México.

Aun cuando el ancho de banda promedio ha aumentado en los últimos años (de 1.08 Mbps en el 2007 a 4.5 Mbps en el 2015), el acceso de la población a este servicio no ha aumentado de igual manera, debido a los altos costos de banda ancha y a la poca oferta de proveedores de red.

A pesar de las acciones implementadas por el gobierno, el aumento de empresas proveedoras de servicios de internet es limitado, incluso cuando el gobierno tomó medidas ante la alta concentración del mercado de internet por parte de America Movil (de Carlos Slim), el dominio solo se extendió a seis empresas del ramo de los servicios de banda ancha, con costos demasiado altos para la población de bajos salarios.

AGRAVANTES A LA LIBERTAD

El apartado de violaciones a derechos a nivel nacional es uno de los más relevantes y con mayor peso en este estudio. Según el documento, durante el lapso de estudio en México seis periodistas “online” sufrieron ataques graves: amenazas, eliminación de contenido, violencia, despidos, hostigamiento e incluso desaparición forzada y muerte. Hubo un aumento en el índice de “violaciones a los derechos de los usuarios”; de 19 a 20, en una escala de 0 a 40.

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Ante este clima de inseguridad, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia requiriendo a los proveedores de servicios de internet el almacenamiento de datos del usuario durante dos años, además del libre acceso policial a esta información detallada sin una orden judicial previa; dando lugar a una vigilancia estatal generalizada. Además de estos requerimientos, en el 2014 Facebook recibió por parte del gobierno mexicano la solicitud de información detallada de 679 usuarios, así como de 144 usuarios de Google.

Este tipo de acciones, además de minar la credibilidad del usuario en cuestión y de frenar el contenido y su propagación, sirven como un mecanismo generador de autocensura, que detiene a los usuarios por temor a las represalias que puedan o no suscitarse en su contra: lo que da lugar a una manipulación del entorno mediático, donde el juicio y escrutinio de pocos es suficiente para derribar y hacer pasar desapercibida cierta información, o en su defecto dar más relevancia y peso a otra, obteniendo así el mismo resultado.

DERECHO A SER OLVIDADO

Sin embargo, los argumentos que abogan por una regulación de internet dejan cuestiones importantes sobre la mesa. Ante los nuevos mecanismos de regulación de contenido, vigilancia y resguardo de información, se hace evidente la necesidad de un equilibrio entre la libre difusión de la información y su manejo individual. Este equilibrio es precisamente a lo que aboga el derecho al olvido. Derecho desglosado en tres principales facetas: la eliminación del pasado judicial, la protección de datos y la aplicación de una fecha de caducidad de la información en red.

Con la gran cantidad de datos circulando por la web, sumada con la infalible memoria del internet, las personas exigen el derecho a que sus datos sean eliminados debido a la facilidad de establecer vínculos desafortunados o injustos. Además de la vulnerabilidad a la que se exponen al momento de publicar algún tipo de contenido en la red.

Por esto, la privacidad toma una relevancia preponderante. Los datos personales de los usuarios juegan en dos arenas, publicidad y privacidad. Las huellas que un usuario deja en la red es información, que a la vez es fácil de rastrear por los metabuscadores, con ello la localización de usuarios específicos es más fácil y la seguridad personal más endeble. Por ello el tema del derecho al olvido ha cobrado una importancia en los últimos años.

En México el derecho al olvido no se encuentra reconocido como tal, sin embargo esto no ha impedido que el tema no se haya discutido, derivado precisamente de una querella ante una de las empresas de tecnología más importantes a nivel global: Google.

En 2015 el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de datos, hoy INAI, (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), ordenó a la citada empresa respetar los derechos de un ciudadano que interpuso una queja por el tratamiento de su información personal en el motor de búsqueda de la empresa.[5]

Algunos analistas, también consideran que esto podría ser una puerta de entrada para la regulación de contenidos en la red, sino se detiene a estudiar la cuestión detenidamente.

El acceso a datos en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin ningún tipo de procedimiento administrativo, sin que la persona que los busca revele su identidad y de forma gratuita plantea un peligro. Pero, la eliminación de datos entra en conflicto con el derecho de acceso a la información. Cuando los datos que se revelan presentan un interés específico para su divulgación, el derecho al olvido pasa a segundo plano por la prioridad a las exigencias del derecho a la información.

Esta no es una jerarquía tácita, por lo que el conflicto no se puede resolver solo al priorizar un derecho sobre otro. Resolverlo dependerá del caso específico en cuestión al realizar una ponderación entre los derechos implicados, para poder alcanzar un equilibrio tanto del acceso como del propósito por el cual los datos se utilizaron.

El punto controversial alrededor del derecho al olvido en países “parcialmente libres”, con bajos niveles de desempeño en transparencia y elevados niveles de corrupción, es que este acabará protegiendo a políticos, empresarios o ciudadanos envueltos en actos de corrupción y conflictos de intereses. Por lo que, más que una solución, las posibles implicaciones que este olvido puede acarrear, pueden afectar el derecho a la información e incluso convertirse en un acto de censura. No toda la información puede ni debe ser borrada, no solo por los conflictos y reflexiones que ello conlleva, sino por su importante valor para la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo que afectar el derecho a saber, poco corresponde a cubrir las libertades de acceso, aumento en la aplicación de garantías de seguridad en la libre expresión y la solicitud de información. Las demandas de una población con las características evidenciadas por Freedom House se alejan mucho del olvido, los conflictos de interés, opresión, censura y acoso que aquejan la libertad en red implican justamente lo contrario: el derecho a no olvidar.

[1] http://www.sinembargo.mx/17-05-2013/623626

[2] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/2/ley-fayad-criminaliza-libertad-de-expresion-amedi

[3] http://www.animalpolitico.com/2011/08/despues-del-caso-veracruz-cualesellimite/

[4] http://www.sdpnoticias.com/local/nuevo-leon/2013/05/29/silencian-a-tuiteros-con-decreto-de-ley-que-prohibe-cyberbullying-en-nuevo-leon

[5] http://mexico.cnn.com/tecnologia/2015/01/28/el-proceso-del-ifai-ante-google-un-precedente-para-el-derecho-al-olvido