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Hacinamiento y violencia agudizan la crisis de seguridad en cárceles

En el país se estima que existen 173 personas privadas de su libertad o encarceladas por cada 100 mil habitantes. Esta tasa es mayor en Nayarit (573), Baja California (378), Sonora (367), Durango (329), y la Ciudad de México (323). Dicho cálculo es menor en entidades como el Estado de México (145), y Tlaxcala (54).

Hasta julio del año pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reportó una población de 233 mil 469 personas presas, conformada mayoritariamente por varones (95%), y por un menor porcentaje de mujeres (5%). El 81% de esta población ha sido encarcelada por delitos del fuero común (robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, homicidio, falsificación entre otros), y 19% por crímenes del fuero federal (narcotráfico y otros delitos contra la salud, delitos electorales, delitos ambientales, contrabando, piratería, delitos en materia de derechos de autor, defraudación fiscal, entre otros).[1]

De acuerdo con datos de la misma CNS, uno de los principales problemas del sistema penitenciario es la sobrepoblación en 157 de los 379 centros que lo conforman. Es decir, 41% de las prisiones tiene una población de más de 24 mil personas reclusas por arriba de su capacidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), complementa esta información con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, la cual detalla que durante el año en que se realizó dicho estudio cerca del 46% del total de la población encarcelada compartió su celda con más de cinco personas. Este porcentaje es mayor en Centros Estatales y Municipales (51.1%), sobre todo en los de Baja California, Estado de México, y Jalisco; mientras que, en Centros Penitenciarios Federales este porcentaje es mucho menor (4.5%).

El hacinamiento en el que se encuentran cerca de 24 mil prisioneros hace que se agudicen varios problemas dentro de los centros penitenciarios como el de seguridad. Continuando con la ENPOL 2016, a nivel nacional, solo el 19% de las personas privadas de su libertad menciona sentirse insegura al interior de las cárceles. Sin embargo, en entidades como el Estado de México (30%), Nuevo León (29%), y Ciudad de México (28%) la percepción de inseguridad es considerablemente alta.

Dicha apreciación aumenta en la medida en que se abordan problemas de seguridad específicos dentro de los centros penitenciarios. Por ejemplo, en términos de violencia el 32% del total de la población carcelaria entrevistada se siente vulnerable. Al desglosar esta opinión por entidades, el primer lugar lo ocupa nuevamente el Estado de México, ya que el 51% de los internos afirma sentirse violentado. En esta situación, Nuevo León queda en el quinto puesto con un 40% de personas privadas de la libertad que perciben violencia al interior de sus cárceles.

La ENPOL 2016 también arroja datos sobre el trato entre internos, así como entre éstos y los custodios. La media nacional obtenida muestra que el 25% de la población privada de la libertad tiene conflictos con compañeros de celda y/o custodios.

De estos, el 68% mencionó haber sido objeto de golpes, 24% indicó haber sufrido heridas con algún tipo de arma, y otro 22% dijo haber tolerado daños materiales por parte de sus compañeros de dormitorio y/o por los guardias.

No obstante, en las penitenciarías de 14 estados se reportan cifras por encima del promedio del país. Tal es el caso de los centros carcelarios del Estado de México, una de las tres primeras entidades donde las agresiones mencionadas se presentan con mayor frecuencia. De acuerdo con los presos que fueron entrevistados: el 82% ha recibido golpes, el 41% ha padecido heridas hechas por algún tipo de arma, y el 45% señala daños materiales.

De igual manera, a nivel nacional, un tercio de las personas presas (33%) también señaló haber sido víctima de conductas ilegales al interior del centro penitenciario en el que se encuentra. Los delitos más comunes o que más se mencionaron son: robo de objetos personales (89%), lesiones (25%), extorsión (20%), amenazas (18%), y delitos sexuales (5%).[2]

 

El manejo de los centros penitenciarios ha estado en el centro de la opinión pública en los últimos meses. Las cifras son claras y señalan las cárceles donde pueden manifestarse problemas debido a los actos de violencia que han estallado en diferentes centros del país.[3]

Por ejemplo, el pasado lunes 30 de octubre, se registró un motín en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec en el Estado de México. La situación se originó debido a que hubo un intento de asesinato en contra del reo Luis Alberto González Nieto, conocido como “El Tatos”, quien fue trasladado a este centro luego de darse a conocer las prácticas de tortura y extorsión que llevaba a cabo en contra de otros internos del penal Neza Bordo.[4] Esta situación se ha dado después de un mes de que el gobernador Alfredo del Mazo ha asumido la gubernatura del estado.

Mientras que, tan solo en el caso de Nuevo León han ocurrió 10 motines desde que el gobernador Jaime Rodríguez asumió la gubernatura en 2015.

Como se puede ver, los centros administrados por los gobiernos estatales y municipales presentan mayor sobrepoblación, por lo que el reto para estos niveles de gobierno es mayor. Esta situación al interior de las prisiones se suma a las problemáticas que estos niveles de gobierno enfrentan en seguridad pública. El reto es mayor y avanza en dos frentes.


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[1]http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281 y para ver el tipo de delitos http://www.oas.org/udse/cd_educacion/cd/Materiales_conevyt/VPLD/delitos.PDF

[2] La ENPOL incluye en delitos sexuales el hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación y violación sexual. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

[3] http://www.capitalmexico.com.mx/nacional/motines-rinas-penales-2017-mexico/

[4] http://www.animalpolitico.com/2017/10/motin-penal-chiconautla-edomex/


El debate sobre el uso de la marihuana

Desde hace ya algunos años el tema de las drogas ilegales ha cobrado una gran relevancia a nivel hemisférico. México no ha sido ajeno a esta discusión y desde hace tiempo en el país se ha abordado el tema en los principales espacios de deliberación política.

Una de las principales vertientes del debate gira en torno al modelo de políticas adoptadas para atender el problema de consumo de drogas. Existe un consenso de expertos respecto a la necesidad de cambiar el enfoque penal predominante por uno de salud pública con un enfoque social.[1]

En este sentido, Delphos llevó a cabo una encuesta en el Distrito Federal para conocer la opinión de los habitantes sobre cómo se debería tratar a los consumidores de drogas. Una amplia mayoría estaría de acuerdo con un enfoque de salud pública, pues considera que los usuarios de sustancias ilícitas deberían recibir un tratamiento a través de instituciones de salud; mientras que sólo un 9% estaría de acuerdo con un enfoque punitivo, al considerar que estas personas deberían ser encarceladas.

Legalización Marihuana 0215 DF

Dentro de las líneas de discusión en las que se ha desenvuelto el debate del uso de drogas, la marihuana ha ocupado un lugar importante. De las sustancias consideradas como ilegales, la posesión de marihuana es permitida en una cantidad máxima de 5 gramos, siempre y cuando su consumo sea personal e inmediato de acuerdo con la Ley General de Salud.

Respecto al tema, Delphos preguntó, quiénes deberían ser castigados con penas de cárcel y quiénes no. Los ciudadanos del DF consideran que no se debería encarcelar a los consumidores de la marihuana (70%) ni a quienes poseen cantidades pequeñas de la sustancia (69%). Sin embargo, la desaprobación es muy grande hacia quienes venden marihuana, pues se considera que esta población sí debería ser castigada con penas de cárcel (79%).

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La marihuana ha sido un tópico que refleja la discusión en torno a las políticas de drogas. En este contexto en México el próximo 4 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llevará a cabo un debate en el cuál se discutirá el proyecto del ministro Arturo Zaldívar para despenalizar el cultivo, transporte y uso de la marihuana con fines lúdicos y recreativos, argumentando que su prohibición está en contra del libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, el proyecto no alienta la comercialización.

La discusión del proyecto ha causado gran expectativa, además de que los principales partidos políticos, así como el Jefe de Gobierno han manifestado la necesidad de llevar a cabo un debate serio sobre los casos en los cuales la legalización de la marihuana podría ser permitida.

Al respecto el estudio de Delphos, muestra que hay una opinión dividida respecto a la legalización de la marihuana. En un primer momento un 52% considera que no debería legalizarse.

El porcentaje de aversión se eleva si la legalización se plantea con fines recreativos. En este caso 73% de los habitantes del Distrito Federal no estaría de acuerdo.

No obstante lo anterior, la opinión negativa de la gente al respecto se revierte cuando se considera su legalización con fines terapéuticos o medicinales, pues un 55% estaría de acuerdo con ello.

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Una de las principales preocupaciones del cambio en la política de combate a las drogas es la facilidad en el acceso que la población pueda tener a éstas. Al respecto el estudio de Delphos muestra que la mayoría de la población del Distrito Federal considera que no hay un control efectivo del tráfico de drogas ilícitas (89%). Además, la mayoría opina que actualmente no se ha logrado prevenir el consumo de drogas en los jóvenes (87%).

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En general, los capitalinos están en contra de la legalización de la sustancia si no es para usos medicinales. No obstante podemos ver que la mayoría de los ciudadanos considera que debe haber un cambio respecto a las políticas punitivas para los consumidores de la marihuana. Esto tendría un alto impacto, ya que bajaría de forma significativa la población carcelaria y se evitaría la convivencia de un consumidor de marihuana con el crimen organizado.

Quienes están a favor del uso libre de la marihuana sostienen que las personas que están en contra basan sus opiniones en un prejuicio moral y no en estudios científicos. Asimismo, argumentan que esta regulación evitaría que los consumidores tengan contacto con el crimen al conseguir la sustancia, y se eliminaría una fuente importante de violencia que surge desde la lucha por el control de venta del narcomenudeo.

El debate sobre la legalización de la marihuana implica la consideración de muchos factores complejos que afectan a la sociedad. Lo que queda claro en este tema polémico es que los políticos y gobernantes no pueden esperar un cambio en la opinión pública para impulsar nuevas políticas de salud, hoy más que nunca se vuelve necesaria la presencia de políticos visionarios con argumentos objetivos basados en hechos científicos.

Independientemente del resultado, tenemos confianza de que México podrá servirse de su experiencia para poder presentarse como líder de avanzada en la próxima sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas, UNGASS 2016 a celebrarse el próximo abril.

Diapositiva6 [1]El problema de drogas en las Américas, Secretaría General, OEA, 2013. Pérez Correa, Catalina; Youngers Coletta (Ed.); En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina; Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho/CIDE; México; 2014.