México no hace lo necesario para proteger la labor periodística

Once periodistas han sido asesinados en lo que va de 2017.[1] Se estima que desde el año 2000 hasta la fecha han ocurrido 111 homicidios relacionados con la ocupación informativa de las víctimas: 22 de estos casos acontecieron en la presidencia de Vicente Fox, 48 durante el gobierno de Felipe Calderón, y 38 en la presente administración de Enrique Peña Nieto.[2]

 

Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF), y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acentúan que la libertad de prensa en México se encuentra en una situación difícil debido a las numerosas agresiones hacia la seguridad y libertad de los periodistas que merman el pluralismo e independencia de los medios de comunicación en el país.[3]

 

Estas instituciones apuntan que durante este año se han contabilizado aproximadamente 326 atentados a periodistas a lo largo del territorio nacional: 111 amenazas, 66 intimidaciones, 56 ataques físicos o materiales, 28 privaciones de libertad, 24 acosos y hostigamientos, 9 intervenciones de las comunicaciones, 8 ataques a medios de comunicación, 6 intrusiones no autorizadas a instalaciones de medios o domicilios de periodistas, entre otros ataques a nivel nacional.[4]

En la Ciudad de México, se han presentado 79 de los 326 atentados registrados hasta la fecha. Si bien no se ha contabilizado ningún homicidio en lo que va del 2017, sí se han presentado 62 amenazas, 7 intervenciones de comunicaciones, 4 ataques a medios de comunicación, 3 ataques físicos o materiales, 2 intimidaciones, y una intrusión no autorizada.[5]

 

Dichas cifras muestran el escenario de inseguridad en que viven y ejercen su trabajo los comunicadores en México, cuya labor se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Esta percepción es compartida por gran parte de los capitalinos que aseveran conocer la situación actual de los periodistas en la capital y en otros estados del país.

En la más reciente encuesta en vivienda realizada por Delphos-NU, entre el 71 y 79% de los entrevistados en la Ciudad de México afirma haberse enterado de los crímenes que han victimizado a periodistas. Esta opinión varía dependiendo del tipo de agresión por la que se pregunte, así como por el cuestionamiento del lugar donde los atentados han ocurrido.

En lo referente a los asesinatos a comunicadores, el 78% de los capitalinos asegura estar enterado de homicidios en otras entidades del país. En menor medida, el 75% dice conocer que en la CDMX también se han presentado este tipo de delitos.

No obstante, esta última opinión no coincide con los conteos de los organismos internacionales, ya que en el último año no ha habido registro de periodistas muertos en la capital.  Es posible que la respuesta de la población esté relacionada con el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda de la colonia Narvarte a finales de julio de 2015.[6]

En cuanto a secuestros, el porcentaje de conocimiento de los capitalinos no difiere mucho al indagar si estos se han dado en la CDMX (72%) o en otras entidades del país (73%). Ocurre algo similar al preguntar si los ciudadanos se han enterado de la censura de periodistas; el 76% declara que este tipo de ataque a difusores de la información se ha dado en la ciudad, y 72% asegura saber que, al igual que en la CDMX, se censura a periodistas en otros estados.

Cabe mencionar que, se observa una diferencia considerable de 8 puntos porcentuales al examinar las opiniones respecto a las amenazas a comunicadores en la capital (79%), y en otras entidades (71%).

 

Responsables de los crímenes hacia periodistas

Datos de Articulo 19 concluyen que, de los 276 atentados registrados hasta junio de 2017, el 50.7% han sido cometidos por funcionarios públicos, 11.6% por grupos del crimen organizado, mientras que 6.2% acusan a miembros de partidos políticos, 10.1% se han dado por motivos entre particulares, y 21.4% no tienen agresor definido hasta el momento.[7]

Delphos-NU obtuvo respuestas similares al cuestionar a la población por los posibles responsables de los ataques a los periodistas: 26% opina que las autoridades de gobierno son quienes más atentan contra el trabajo de los comunicadores, 14% responsabiliza a la delincuencia organizada, 11% especifica que el narcotráfico es la causante, 1% menciona a los empresarios, y 5% desconoce las razones de las muertes. Cabe destacar que el 37% de los entrevistados considera que no hay un solo autor de los ataques a periodistas, sino que tanto las autoridades, como los grupos del crimen organizado, al igual que los partidos y empresarios, son responsables de los crímenes contra los trabajadores de la comunicación.

Protección e impunidad

En víspera del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas (IDEI, por sus siglas en inglés), que se conmemora cada 2 de noviembre desde el año 2013,[8] el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informa que este 2017 México ocupa el sexto lugar en el Índice Global de Impunidad.[9]

El informe del CPJ publicado cada año, para no olvidar este tipo de ataques, estima que el puntaje de impunidad del país aumentó 142% durante el último decenio a pesar de no aparecer en el índice durante los 10 años de publicación de este estudio. Asimismo, el índice responsabiliza a los 12 países del ranking, incluyendo a México, de casi el 80% de los asesinatos no resueltos que ocurrieron en todo el mundo de 2007 hasta el 31 de agosto de 2017.[10]

Desde 2012, el incremento de la violencia hacia los comunicadores atrajo la atención de organizaciones internacionales como la UNESCO, quien instó a las autoridades mexicanas a investigar el origen de las agresiones y a tomar medidas que permitieran ejercer la libertad de expresión y de prensa, las cuales son fundamentales para el estado de derecho y la democracia en México.[12]

A juicio de la mayoría de los capitalinos las autoridades no están haciendo lo indispensable para salvaguardar a los comunicadores. En la encuesta CDMX de Delphos-NU, el 82% de la población entrevistada se muestra incrédula ante las acciones de protección al afirmar que el Estado mexicano no está haciendo lo necesario, para garantizar la seguridad de los periodistas en su tarea informativa.

Aunada a la opinión de los capitalinos, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RFS), considera que en México se ha hecho poco por frenar las “violaciones a la libertad de informar”, de ahí que ocupe el lugar 147 de 180 en el respeto y procuración de derechos como la libertad de prensa.[13]

Sin embargo, RSF en su reporte destaca que la libertad de prensa podría dar un giro, ya que la edición 2017 de la clasificación mundial revela que las violaciones a la libertad de informar ya no son exclusivas de los regímenes autoritarios y de las dictaduras; cada vez más se multiplican los ataques a periodistas en las democracias poniendo en duda el adecuado funcionamiento de estos regímenes.[14]

Al igual que RSF, el informe 2017 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señala que en México han sido asesinados 21 periodistas con “absoluta impunidad en el pasado decenio”, de 2007 a 2017. [15]  El CPJ indica que, si bien se han dado avances como el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de combatir la impunidad por el asesinato de periodistas, también se han presentado retrocesos[16] como los 11 homicidios de periodistas contabilizados en lo que va de este año.

Las cifras de periodistas asesinados y violentados -de alguna u otra forma- son alarmantes, y tanto organizaciones locales como a nivel mundial cuestionan con datos concretos los avances en el cumplimiento de los compromisos, adquiridos por las autoridades mexicanas, de proteger y garantizar la seguridad de los periodistas, así como de combatir la impunidad de los crímenes de los que han sido víctimas.

De continuar con esta situación es posible que no solo el gremio periodístico, la libertad de prensa y el derecho a la información se vean diezmados, sino también la democracia en México, la cual en fechas recientes parece haber desilusionado a toda la población.[17]


contacto@delphos.nu

[1] En lo que va del 2017, Reporteros Sin Fronteras (RSF) han registrado 11 asesinatos de periodistas en México. https://rsf.org/en/barometer?year=2017

[2] Las organizaciones Artículo 19 (Article 19) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llevan sus propios registros de asesinatos de periodistas, pero la falta de resultados en investigaciones limita la relación directa de algunos homicidios de periodistas con su labor informativa lo que dificulta tener una cifra exacta. Sin embargo, se utilizaron los registros de Artículo 19 porque la información que posee fue obtenida del último informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de junio de 2017.  http://froji.mx/amenazas-muerte-e-impunidad-periodismo-mexico y http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/senala-sip-escalada-de-violencia-contra-la-prensa-en-mexico

[3] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa | ¿Un gran giro? http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/

[4] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/nacional

[5] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/ciudad-de-mexico

[6] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/08/1/un-periodista-entre-los-muertos-de-la-narvarte

[7] Primer semestre de 2017: 1.5 agresiones diarias contra periodistas en México. Artículo 19, 17 de agosto de 2017. https://articulo19.org/informesemestral2017/#_ftn1

[8]En memoria de los periodistas franceses asesinados en Malí el 2 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó esa fecha como el “Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas” (IDEI). https://en.unesco.org/endimpunity-2017/about-international-day-end-impunity | Asesinados a tiros dos periodistas franceses secuestrados en el norte de Malí. El País, 02 de noviembre de 2013. https://elpais.com/internacional/2013/11/02/actualidad/1383414551_209423.html

[9] El Índice Global de Impunidad del CPJ se centra en los países donde asesinan a periodistas y donde los responsables continúan impunes. https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more

[10] Ídem.

[12] México: UNESCO condena asesinato de periodista Adrián Silva en Puebla. Centro de noticias ONU, 21 de noviembre de 2012. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25034#.UX7ZhaKQWup

[13] http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/

[14] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 | ANÁLISIS | El periodismo, debilitado por la erosión democrática. http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-analisis-el-periodismo-debilitado-por-la-erosion-democratica/

[15] Para este índice, el CPJ examinó asesinatos de periodistas que ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2017 y que permanecen sin resolución. https://cpj.org/killed/americas/mexico/

[16] https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more

[17] Desilusiona en México la Democracia.  http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-cae-15-puntos-el-apoyo-a-la-democracia-pasa-de-71-a-56-en-un-ano.html

 

Ejército y Marina mantienen la confianza de los capitalinos

Para el cumplimiento de sus labores, las fuerzas militares en México cuentan con poco menos de 300 mil elementos en activo,[1] además de recibir un gasto equivalente cercano al 1% del PIB nacional, 0.7%, de acuerdo con cifras del Banco Mundial a 2015.[2]

Para este año, el gobierno federal etiquetó un presupuesto de 95,744.90 millones de pesos equivalente al 2.7% del total de gasto público en 2017.[3] En este sentido, el gasto militar se ha mantenido en una proporción constante dentro de los gastos de gobierno; entre el 1.7% y el 3% del gasto nacional.

 

El Ejército mexicano, así como la Armada de México, tienen como principales funciones el resguardo de la soberanía de la nación frente a otras naciones, el garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población en casos de emergencia; además de tareas relacionadas con obras sociales.[4]

En términos generales, las instituciones castrenses han mantenido una buena opinión entre la población del país.[5] Tanto la Marina y el Ejército tienen los mayores niveles de confianza. Como se ha hecho mención, su papel no solo se circunscribe a temas de seguridad nacional, sino que también desempeñan tareas en el rubro de protección civil y, en los últimos años, incluso de seguridad pública en varios puntos del país.

En el primer caso, la encuesta de Delphos-NU muestra que en opinión de la población de la CDMX el Ejército está mejor capacitado para auxiliar a la población en caso de algún desastre natural, 71%. El plan de respuesta ante una eventualidad de este tipo es el Plan DN-III-E. El pasado mes de septiembre, durante los sismos que afectaron los estados del centro y sur del país, este plan se desplegó para brindar auxilio a la población afectada.

En segundo lugar, en cuanto a preparación, se considera que el Ejército está capacitado (suma de “muy” o “algo” capacitado) para realizar tareas de seguridad pública, 52%. Desde 2006 a la fecha, las fuerzas armadas han sido utilizadas para apoyar y en ocasiones sustituir a los cuerpos de seguridad civil, aun cuando no cuentan con un marco jurídico que apoye sus labores en este tema.[6]

Paradójicamente, la principal razón por la cual el Ejército se encuentra cumpliendo labores de seguridad estriba en la necesidad de combatir el narcotráfico.[7] En esta dimensión, 39% de la opinión pública en la capital del país considera que el Ejército está capacitado en alguna medida para combatir este problema.

El no contar con un marco jurídico que respalde los trabajos del Ejército en labores de seguridad pública ha detonado controversias debido a su actuación en estas tareas. Entre las principales están las acusaciones por violaciones a los derechos humanos.[8] Al respecto, el 68% de las opiniones consideran que el Ejército está poco o nada capacitado para defender los derechos humanos.

A finales del 2006, el entonces presidente Felipe Calderón dio inicio a la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Desde entonces las fuerzas armadas han dejado los cuarteles para coadyuvar en el combate al mismo. Como parte de este combate al crimen organizado, los patrullajes del Ejército en varios lugares de la zona del valle de México han sido frecuentes.[9]

Con el objeto de conocer el impacto que ha tenido la presencia del Ejército en las calles entre los habitantes de la ciudad, Delphos-NU preguntó sobre la sensación que le causaría a los capitalinos ver la presencia de militares en algunos espacios públicos de la ciudad. En cualquiera de los cuatro escenarios planteados la sensación que sobresale es distinta a la de seguridad. Entre el 55 y 57% de los entrevistados menciona sentir preocupación, miedo e incertidumbre al ver al Ejército en el lugar donde vive, en escuelas, calles, parques u otros espacios públicos.

La Marina y el Ejército, son instituciones cuyo desempeño es de los mejor evaluados en la CDMX durante la situación de emergencia del pasado sismo del 19 de septiembre.[10] Sin embargo, y como muestran los datos de la encuesta, los niveles de confianza en la CDMX de ambas instituciones, independientemente de la situación pasada, son mayores (66% y 62% cada una), le siguen la Iglesia con 40%, y la Policía Federal con 33%.

El papel de las instituciones militares en el país se ha visto trastocado por la situación de seguridad pública que actualmente se vive a lo largo de la República Mexicana. Estos cambios de alguna manera también han impactado la percepción que los ciudadanos tienen sobre ellas y sus labores.

En el caso del Ejército mexicano este es mejor evaluado por su papel en labores de corte social, en este sentido su papel en auxilio a la población ha definido la opinión que la sociedad tiene hacia esta institución. El viraje que se ha dado en las labores de seguridad pública, ha desgastado al Ejército. Este deterioro podría ir creciendo en la medida que su permanencia en las calles se prolongue y no exista un marco jurídico que dé certeza a este tipo de labores.[11]


contacto@delphos.nu

[1] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=mexico

[2] https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2015&locations=MX&start=1990&view=chart&year_high_desc=false

[3] SHCP, Presupuesto de Egresos Federal 2017.

[4]Ley orgánica del Ejército y fuerza aéreas mexicanos, art.1º y 2º; y Ley orgánica de la Armada de México, art. 1º y 2º.

[5] Los mexicanos vistos por sí mismos, “Percepción del Desempeño de las Instituciones de Seguridad y Justicia. Encuesta nacional.”, UNAM, IIJ http://www.losmexicanos.unam.mx/seguridadpublica/index.html

[6] https://www.reporteindigo.com/reporte/seguridad-ejercito-juridico/

[7] http://www.animalpolitico.com/diez-de-guerra/presentacion.html

[8] https://elpais.com/internacional/2017/04/26/mexico/1493167782_990627.html

[9] http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/ejercito-marina-y-gendarmeria-vigilaran-25-municipios-del-estado-de-mexico/

[10] http://delphos.nu/un-mes-despues-del-sismo/

[11] http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/seguira-el-desgaste-del-ejercito.html


Sismos mueven el debate del financiamiento a partidos

A raíz de los sismos del pasado mes de septiembre en la opinión pública se reactivó el debate acerca del modelo de financiamiento a los partidos políticos en el país. Ante la necesidad de llevar a cabo los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas, lo cual costará 48 mil millones de pesos según datos de gobierno,[1] se considera que una forma de obtener el dinero es reduciendo el monto destinado a los partidos políticos, campañas electorales y a la mismo Instituto Nacional Electoral (INE).

En este contexto, Delphos-NU llevó a cabo una encuesta en vivienda en el mes de octubre con el objetivo de conocer la opinión de los capitalinos al respecto y, al mismo tiempo, aportar algunos elementos a este debate.

La búsqueda por acotar el nivel de financiamiento público que reciben los partidos no es nueva. Sin embargo, después del temblor del 7 de septiembre algunos personajes políticos, como Armando Ríos Piter y López Obrador,[2] propusieron que parte de los recursos asignados a la campaña electoral del siguiente año se utilizara para ayudar a los damnificados de Oaxaca y Chiapas, principalmente. Estas propuestas no fueron lo suficientemente discutidas ya que una semana después vino el siguiente temblor.

A raíz del sismo del 19 de septiembre, en redes sociales y por medio de la plataforma change.org [3] se demandó a los partidos políticos dar a los afectados los casi 7 mil millones de pesos que recibirán en 2018.[4] En el mismo sentido, se agregaron exigencias para que el INE también renunciara al financiamiento público que percibirá.

De acuerdo con datos de la última encuesta en vivienda de Delphos-NU la propuesta de destinar los recursos de los partidos y del INE, para ayudar a los afectados por los sismos fue conocida por el 74% de encuestados.

La demanda vertida a través de redes sociales ha sido una de las más importantes en la plataforma change.org[5] y no pasó desapercibida para los personajes del espectro político, quienes, en opinión de diversos especialistas, no tardaron en utilizar la petición para tratar de sacar beneficio partidista.[6] De esta manera, días después el Partido Revolucionario Institucional (PRI) renunció al dinero que le resta por recibir este año, 258 millones de pesos,[7] y exigió a los demás partidos hacer lo mismo. En contra parte, los demás partidos respondieron con diversos posicionamientos y acciones. Unos a favor de crear un fideicomiso, como el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA),[8] y otros anunciando que renunciarían al 100% de sus prerrogativas, como Movimiento Ciudadano (MC). El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluso recortaron personal para obtener recursos.[9]

Sin embargo, los planteamientos de los partidos pasaron desapercibidos por los ciudadanos, pues al momento evaluar el origen de las propuestas impera el desconocimiento.  El 28% de los entrevistados no supo identificar de dónde o de quién vino esta exigencia. En segundo lugar, el 26% de los entrevistados considera que fue la sociedad civil quien impulsó la demanda. Le siguen, el 23% de las opiniones que señalan a los medios de comunicación como el origen de dichas peticiones.

 

En este mismo sentido, al preguntar a los ciudadanos qué partido político ha hecho más por ayudar a los damnificados por los sismos, la opinión efectiva del 40% de los capitalinos muestra que ninguno lo ha hecho. Muy atrás, en el segundo lugar, se considera que Morena ha sido quién ha hecho más, con 7% de opinión efectiva.

Malestar con los partidos y gasto electoral

Los partidos políticos en México son entidades de interés público, así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPUM) en su artículo 41. El objetivo de esto es que por medio de ellos los ciudadanos puedan participar en la vida democrática del país y acceder a los puestos de representación popular. En este sentido, cumplirían con la función de ayudar a conformar una representación política de la sociedad en los poderes del Estado.

Para el 2017 se presupuestó a los partidos poco más 4 mil millones de pesos de acuerdo con cifras del INE.[10] Del total, el PRI obtiene un 25.5%; al PAN le corresponde un 19.3%; mientras que al PRD y a MORENA un 11.5% y 9.7% respectivamente.[11] Por su parte, el INE para el 2017 obtuvo recursos equivalentes al 0.3% del Presupuesto de Egresos de la Federación.[12]

 

El estudio preguntó a los ciudadanos si el INE y los partidos deberían o no renunciar al presupuesto público que reciben. La mayoría de los entrevistados, entre el 90% y 93%, opinan que estos organismos sí deberían renunciar a cierta parte de los recursos públicos.

Los puntos de vista están divididos respecto al porcentaje del presupuesto al que debe renunciar cada institución. Sin embargo, una parte considerable de los entrevistados, entre 46% y 51%, están a favor de que tanto el INE como los partidos renuncien al 100% del financiamiento público, respectivamente.

Pese a que existe un descontento con el modelo de financiamiento del sistema electoral y de partidos mexicano, los partidos no han podido capitalizar las demandas que la ciudadanía plantea después de los sismos de septiembre. Ejemplo de ello es que más de la mitad de los entrevistados considera que ningún partido ha hecho mucho para ayudar a los afectados por el sismo, incluso cuando estos tomaron como bandera el tema del financiamiento público a los partidos.

Es necesario seguir indagando si los ciudadanos rechazan en sí el financiamiento público o, por el contrario, es la cantidad de dinero que se destina al sistema electoral lo que les causa malestar. De igual forma, es importante investigar si los ciudadanos conocen la lógica del financiamiento que los partidos reciben. En México al ser éstos de interés público se busca que el acercamiento sea principalmente con la ciudadanía y no con grupos de interés económicos.

El caso de la constructora brasileña Odebrecht[13] representa un ejemplo de la penetración del dinero privado en la política a cambio de la obtención de beneficios. México no se encuentra ajeno a este escándalo de corrupción.[14] Situaciones como esta y las generadas por los sismos muestran la necesidad de incluir en el debate a la ciudadanía.


contacto@delphos.nu / Omar Diaz V. @odiaz

[1] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/reconstruccion-por-sismos-costara-48-mil-millones-de-pesos [2] http://www.animalpolitico.com/2017/09/partidos-sismo-chiapas-oaxaca/ [3] https://www.change.org/p/inemexico-donar-los-casi-7-000-millones-de-los-partidos-pol%C3%ADticos-a-v%C3%ADctimas-del-sismo-7-sep-y-19-sep [4] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/partidos-gastaran-6-mil-788-millones-en-2018 [5] http://www.milenio.com/tendencias/peticion-ine_recursos_publicos-change_org-partidos_politicos-terremoto-mexico-milenio_0_1034896620.html [6] http://wradio.com.mx/programa/2017/09/26/asi_las_cosas/1506435407_858009.html [7] http://www.animalpolitico.com/2017/09/partidos-politicos-autoria-dinero-publico/ [8] http://www.milenio.com/politica/sismo_19_de_septiembre_de_2017-morena-amlo-fideicomiso-partidos-milenio-noticias_0_1036696718.html [9] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/despidos-y-ahorro-en-partidos-para-ayuda-por-sismo [10] http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/PartidosPoliticosyFinanciamiento/DEPPP-financiamiento/financiamientopublicopartidosnacionales/financiamiento-publico-97-17.pdf [11] Se considera únicamente las prerrogativas a nivel federal. Los partidos también reciben financiamiento público local, el cual se eroga a partir de los presupuestos estatales. [12] http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3690/reporte_48_2709.pdf?sequence=5&isAllowed=y [13] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38905411 [14] https://www.nytimes.com/es/2017/08/15/odebrecht-mexico-emilio-lozoya-pemex-corrupcion/

El salto a la presidencia, los chapulines en la CDMX

El proceso electoral rumbo a las elecciones del 2018 ha dado inicio de manera formal. En la Ciudad de México, los capitalinos, además de votar por diputados federales, senadores y presidente; también habrán de elegir a sus alcaldes, concejales delegacionales, diputados locales y Jefe de Gobierno.

Hasta antes de la emergencia causada por el sismo, Miguel Ángel Mancera (MAM) había anunciado que en octubre pediría licencia al gobierno de la CDMX con el fin de buscar ser candidato a la presidencia. Con ello, MAM, mantiene una tendencia en la cual los jefes de gobierno de la ciudad han buscado la candidatura presidencial. Anteriormente Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador pidieron licencia a sus cargos para después convertirse en candidatos por el PRD; mientras que Marcelo Ebrard también participó dentro de un proceso en el cual López Obrador resultó candidato por segunda vez, en 2012.

La Constitución mexicana, que en su artículo 82 establece los requisitos para poder ser presidente, exige que quienes en su caso sean titulares del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, se separen de su encargo por lo menos seis meses antes del día de la elección, es decir del 1º de julio del 2018.

De mantener sus aspiraciones presidenciales, Miguel Ángel Mancera deberá renunciar al puesto para el cual fue electo, convirtiéndose en un llamado “chapulín”. La práctica de abandonar un cargo antes del período estipulado se le ha dado el nombre de chapulineo,[1] y de acuerdo con un estudio en 2015 de Delphos-NU  brincar de un puesto a otro es mal visto por los capitalinos.

Tan solo en la elección de ese año todos los jefes delegacionales de la CDMX y otros funcionarios, en total 42, pidieron licencia de sus cargos para competir en esa elección,[2] aunque el 59% de los capitalinos no estaba de acuerdo con que sus jefes delegacionales abandonaran sus puestos.[3] El resultado, la mitad de estos candidatos perdieron la elección.[4]

El gobierno de Mancera

Para algunos académicos el llamado chapulineo no es, como tal, un problema, puesto que muchas de las veces es el reflejo de la construcción de una carrera política, lógica y natural entre aquellas personas dedicadas de manera profesional a la política. El problema radica en la falta de un servicio civil de carrera en la administración pública cuyo funcionamiento pueda darse sin mayor problema incluso en los casos en que sus titulares llegasen a ausentarse.[5]

MAM ha manifestado su intención de ser presidente basado en “las simpatías y el trabajo realizado con la gente”.[6] Sin embargo, la aprobación del trabajo de Mancera como Jefe de Gobierno no respalda esta afirmación. De acuerdo con los datos de la última encuesta en vivienda de Delphos-NU, el 46% de ciudadanos desaprueba mucho su trabajo. En conjunto con la opinión de la gente que “desaprueba poco”, 14%, MAM obtiene un 60% de opiniones negativas a su labor.

Paréntesis en la búsqueda de la candidatura

A raíz del sismo del pasado 19 de septiembre, el actual Jefe de Gobierno ha manifestado que aplazará su salida del gobierno de la CDMX hasta que haya concluido con los primeros trabajos de reconstrucción de la ciudad.[7] Al respecto, Delphos-NU reportó que el 59% de los capitalinos evaluó negativamente el desempeño de Miguel ángel Mancera tras el sismo.[8]

En adición a lo anterior. La última encuesta en vivienda también preguntó si Mancera debería continuar con sus aspiraciones presidenciales. El 38% de los entrevistados respondió que MAM debería enfocarse en los trabajos de reconstrucción de la ciudad, aunque no pueda competir por la candidatura presidencial. Un porcentaje similar, 35%, opina que Mancera no debería de pedir licencia para buscar ser presidente de la República. Mientras que 15% considera que Mancera Espinosa debería estar en el cargo hasta diciembre y después buscar una candidatura presidencial.

La continuidad de la carrera política de Miguel Ángel Mancera, además del terreno partidista, pasa por la aprobación a su trabajo realizado en la CDMX. Los ciudadanos de la capital opinan que la labor de Mancera es mala; incluida la evaluación negativa de su desempeño ante el sismo del 19 de septiembre. Además, casi 4 de cada 10 ciudadanos consideran que debe enfocarse a los trabajos de reconstrucción, aunque no compita por la presidencia, lo cual significa terminar su periodo de gobierno y no “saltar” a otro puesto.

Mancera deberá valorar la búsqueda de la candidatura presidencial, ante un electorado que ve con malos ojos la práctica del “chapulineo” y que además desaprueba su trabajo al frente de la ciudad.


contacto@delphos.nu
[1] http://www.milenio.com/df/Coparmex_DF-campana_-chapulines-no_votes_chapulines-posible_corrupcion_0_446955463.html [2] http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/brincan-delegados-8216chapulines-8217-del-prd-129360.html [3] http://delphos.nu/politicos-chapulines/ [4]http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=562158&md5=a6d253abe2b7047e314383b877ff41e0&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe [5] http://www.jornada.unam.mx/2015/01/22/opinion/019a1pol [6] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/15/si-quiero-ser-presidente-de-mexico-dice-mancera [7] https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/mancera-pospone-renuncia-jefatura-de-gobierno-por-sismo/ [8] http://delphos.nu/un-mes-despues-del-sismo/    

Un mes después del sismo

El día de hoy se cumple un mes del sismo que afectó la ciudad el pasado 19 de septiembre, el mismo día en que se conmemoraron 32 años de otro temblor ocurrido en 1985. Horas antes del sismo, a las 11 am, en la ciudad se llevó a cabo un gran simulacro con el objetivo de conmemorar el terremoto de 1985 y reforzar los protocolos de actuación para la población ante este tipo de eventos.[1]

El sismo de hace un mes tuvo una magnitud 7.1, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional[2] y pudo ser percibido en la Ciudad de México además de los estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, principalmente.

Morelos, Puebla y la Ciudad de México fueron las entidades que registraron los mayores daños. Además de Oaxaca, en donde este sismo agravó más la situación del estado que tan solo dos semanas antes, el 7 de septiembre, había enfrentado un movimiento telúrico de 8.2 grados de magnitud.  En este contexto Delphos-Nu llevó a cabo una encuesta entre los ciudadanos de la CDMX con el fin de conocer sus opiniones al respecto.

32 años y la ciudadanía se volvió a hacer presente

Los datos de la encuesta de DelphosNu muestran que nuevamente los capitalinos fueron una parte importante en respuesta a la emergencia. Un 75% dijo haber ayudado por medio de algún tipo de donación a los afectados; mientras que un 46% dijo haber participado con trabajo voluntario en los diversos albergues que se instalaron en la ciudad.

Producto del sismo, en la ciudad hubo zonas severamente afectadas en delegaciones como Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.[3] En donde se reportó la caída de inmuebles y la aparición de grietas en el suelo, principalmente.

En las zonas done hubo derrumbe de construcciones la población civil se involucró de diversas maneras en la búsqueda de sobrevivientes, ya sea removiendo escombros, aportando herramienta o distribuyendo vivieres entre los rescatistas que trabajaban en los lugares siniestrados. De acuerdo con los datos de Delphos-Nu, un 43% de ciudadanos dijo haber ayudado en alguna zona de desastre.

La Secretaría de Marina y el Ejército, las mejor evaluadas; presidente y delegados, los peores

En 1985, las autoridades de gobierno se vieron rebasadas ante la magnitud de a emergencia.[4] Lo más criticado entonces fue la limitada capacidad de respuesta del gobierno. En esta ocasión las opiniones respecto al desempeño de las autoridades son encontradas. Por un lado, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacaron las acciones de respuesta del gobierno de la CDMX ante el sismo.[5] Sin embargo, los capitalinos consideran que la Marina y el Ejército mexicanos fueron quienes tuvieron un desempeño “bueno o muy bueno” ante la catástrofe, con un 81% de opiniones cada uno. En segundo lugar, la Secretaría de Protección civil de la CDMX obtuvo un 75% de opiniones en este sentido.   Mientras tanto, el 74% de capitalinos evaluaron como “malo o muy malo” el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ante el sismo. En segundo lugar, en este mismo rubro, se encuentran los jefes delegacionales con 63% de opiniones que califican negativamente su desempeño. Por último, prácticamente empatada en opinión negativa, con el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera (MAM) (59%), se encuentra la Secretaría de Educación Pública (SEP) (60%), que, hasta el martes 17 de octubre de acuerdo sus propios datos, registró que el 95% de escuelas habían regresado a sus actividades, faltando poco menos de mil por hacerlo.[6]

Presencia de autoridades

Las instituciones castrenses, Marina y Ejército, no solo recibieron las opiniones favorables más altas en cuanto a su desempeño tras los sismos del 7 y 19 de septiembre; sino que también son las instituciones cuya presencia en los lugares afectados fue reconocida en mayor medida. Por ejemplo, el 45% de los entrevistados identificó la presencia del Ejército en los lugares afectados en la CDMX y en otros estados. En igual proporción que la Marina. Los delegados son las figuras de gobierno ausentes durante el sismo. El 68% de ciudadanos afirmó que éstos no estuvieron presentes en los lugares dañados. En redes sociales el caso del delegado de Xochimilco, Avelino Méndez, fue emblemático, pues la población de San Gregorio, al percatarse de su presencia en la zona corrió al delegado, pues le reclamaban la falta de ayuda.[7] Por su parte, llama la atención que el 50% de las personas entrevistadas dijo no haber identificado la presencia del Jefe de Gobierno en las zonas afectadas de la ciudad. Porcentaje incluso mayor que el del presidente de la República, quien obtiene dos puntos porcentuales menos, 48%.     Los sismos vividos recientemente en el centro y sur del país han afectado gran parte de la población mexicana. Sin embargo, la sociedad organizada, como hace 32 años, ha vuelto a hacerse presente. Frente a la solidaridad mostrada por los ciudadanos, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben tener presente la importancia de conducir las labores de reconstrucción en las zonas afectadas. Pues acontecimientos de esta naturaleza representan una oportunidad de resignificar el ejercicio de las funciones públicas con responsabilidad y compromiso; o, por el contrario, pueden significar el derrumbe de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.  
contacto@delphos.nu
[1] http://www.milenio.com/df/simulacro-cdmx-2017-aniversario-terremoto_1985-proteccion_civil-milenio_0_1033096745.html [2] http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf [3] https://www.altonivel.com.mx/estas-las-zonas-afectadas-terremoto-en-la-cdmx/ [4] http://www.proceso.com.mx/228892/no-sin-nosotros-los-dias-del-terremoto-1985-2005-por-carlos-monsivais [5] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/10/04/1192644 [6] http://www.animalpolitico.com/2017/10/planteles-regresan-clases-17-octubre/ [7] http://www.proceso.com.mx/504450/delegado-xochimilco-sale-huyendo-ante-enojo-los-afectados-del-sismo-la-falta-apoyo-videos

A un mes de gobierno, los retos de Alfredo del Mazo

El 16 de septiembre del 2017 Alfredo del Mazo Maza asumió la gubernatura del Estado de México para los próximos seis años, los cuales habrán de culminar el 15 de septiembre del 2023. Del Mazo Maza es el tercer miembro de la familia del Mazo en estar al frente del ejecutivo estatal del Estado de México; su abuelo, Alfredo del Maza Vélez, fue el primer gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo de 1945 a 1951; después, su padre, Alfredo del Mazo González, también sería gobernador de la entidad de 1981 a 1986. El actual ejecutivo estatal llega a la gubernatura después de haber sorteado la elección más competida del Estado de México. Apenas una ventaja de casi 3 puntos sobre la candidata de Morena le permitió a la tercera generación de los del Mazo volver a estar al frente de la entidad, lo cual también le significa al PRI seguir conservando su prevalencia ejecutiva en el estado, pues es uno de los cinco que aún no experimenta alternancia política. De esta manera, el nuevo gobernador se enfrenta a un clima político que ninguno de sus antecesores había vivido, gobernar con apenas un tercio de la votación total, 34%; en una de las votaciones con mayor participación de la entidad, 53%. De esta manera el primer gran reto para el nuevo gobernador es lograr un respaldo a su gestión de gobierno entre los mexiquenses, tarea por demás complicada considerando las opiniones negativas, 53%, que genera entre la población de la entidad.   Con 41 años de edad, del Mazo Maza enfrenta el reto de gobernar a la entidad más poblada del país. La tarea de gobernar esta entidad no es menor, los problemas son severos y se han dejado ver en temas como inseguridad, feminicidios, transporte público y pobreza; además de las afectaciones que dejaron los sismos del pasado mes de septiembre.

Inseguridad, la gran asignatura pendiente

La inseguridad en el Estado de México es un problema con el que día a día lidian los mexiquenses. Las cifras de inseguridad en el estado han ido al alza. Por ejemplo, el robo a casa habitación, ha registrado un aumento de un 50%.[1] No es casualidad que la inseguridad sea lo que más preocupe a los mexiquenses. De acuerdo con datos del INEGI, la inseguridad y delincuencia,77%, es el principal tema de preocupación entre los habitantes mayores de 18 años. Le siguen: corrupción, con 53%; desempleo, con 40%; mal desempeño del gobierno, con 37%; y pobreza, con un 35%. La última información del INEGI, respecto a esta problemática, muestra una tasa de prevalencia delictiva en este estado de 45,795 casos por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años para el 2015. Esta cifra coloca al estado en el primer lugar nacional, con una variación que ha ido aumentando en los últimos años.

Transporte público

Durante su campaña, el entonces candidato del PRI propuso combatir una de las vertientes más importantes de este problema: la seguridad en el transporte público, a través de la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y transporte especial para mujeres. La prevalencia de los robos en transporte público se ha mantenido constante para los mexiquenses, quienes desde el 2011, año en el cual inició su mandato Eruviel Ávila, han visto mantenerse este tipo de agravios en poco más de la mitad, 53%. Casi la mitad de los mexiquenses, 49%, mayores de 18 años dice haber sido víctima de un asalto en estos espacios, muy por encima de la media nacional la cual se ubica, para este tipo de delito, en 28%. En este caso, el reto para el nuevo gobierno será disminuir la incidencia de robos en el transporte público. Sector que en los últimos días ha tenido la atención de la opinión pública debido a que se autorizó el aumento de la tarifa mínima, la cual ya se ubica en $10. Sin embargo, diversos usuarios han denunciado a través de redes sociales que dicho aumento se lleva a cabo, por lo menos desde enero de este año. [2] Por lo pronto, acciones inmediatas y contundentes en este sector dentro de los primeros 100 días de gobierno mandarían un mensaje muy importante a la población mexiquense, la cual ve mermados sus bolsillos por estas circunstancias.

Violencia contra las mujeres, problema que no cede

El problema de la violencia de género, y en particular el feminicidio en el Estado de México, ha arrojado cifras alarmantes, a tal grado que en el sexenio de Eruviel Ávila se decretó la alerta de género en 11 municipios del estado (Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad). Hasta el 31 de julio de 2017, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de México, se habían cometido 41 feminicidios. Faltando dos meses para concluir el 2017, 22 menos de los 66 registrados por esta institución en todo 2016, pero uno más que en todo el 2013. Sin embargo, al considerar la cifra de delitos dolosos registrados en contra de mujeres de esta misma institución los números se disparan de manera considerable. Hasta julio de este año la Fiscalía llevaba registrados 145 homicidios dolosos. El máximo registrado se dio apenas el año pasado con 273 homicidios de este tipo. De inicio, el rubro de seguridad ha sido encomendado a Maribel Cervantes quien estará al frente de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Con experiencia en el tema, será la responsable de atender esta problemática que a decir de varias ONG’s va en aumento.[3]

Situación de pobreza

Otro reto importante para la nueva administración es la pobreza que impera en el estado. De acuerdo con cifras del CONEVAL la población en pobreza en el Estado de México pasó de 8,270 a 8,230 miles de mexiquenses, lo cual representa un 48% de la población del estado con al menos una carencia en rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; además de ingresos insuficientes que no les permiten adquirir bienes y servicios necesarios para cubrir necesidades de alimento y de otro tipo. En cuanto a pobreza extrema, el número de personas pasó de 1,207 a 1,057 miles de personas, en los años 2014 y 2016 respectivamente; lo cual significa un 6% de mexiquenses. Prácticamente poco menos de la mitad de la población del Estado de México vive en algún nivel de pobreza. Un aumento de 5 puntos respecto al 2010. Mientras que en pobreza extrema se dio una reducción en apenas 2.5 puntos en este mismo intervalo de tiempo. En este sentido, una de las propuestas más sonadas y que a su vez le generó las mayores críticas al actual gobernador fue el “salario rosa” para amas de casa. Con esta propuesta el gobierno del estado buscaría transferir algún tipo de recurso económico a un 22% (132,700) de amas de casa de entre 15 a 59 años en el estado, tomando como referencia la última encuesta intercensal del INEGI.

El sismo del 19 de septiembre y su impacto

Apenas cuatro días después de asumir como Gobernador, el Estado de México se vio afectado por el sismo del 19 de septiembre. De acuerdo a cifras del Gobierno estatal poco más de 7 mil viviendas se vieron afectadas, de ellas casi 2 mil se consideran pérdida total.  En cuanto a la situación de los inmuebles educativos de la entidad, al 4 de octubre se reportaron 3 mil 645 escuelas afectadas, 78 con pérdida total; lo cual convierte al estado en uno de los más afectados en este rubro.[4]  

Alfredo del Mazo Maza ha asumido la gubernatura, como lo hicieran su padre y abuelo, de uno de los estados más complejos de la República. La familia del Mazo se ha mantenido en el primer plano de la política nacional, hoy la tercera generación deberá resolver problemas que le han heredado administraciones pasadas, además de la situación de emergencia producto de los pasados temblores. El reto no es menor, ha pasado un mes de gobierno y los retos deben enfrentarse cuanto antes, pues de lo contrario quizá el actual gobernador será con quién el PRI vea su último periodo de gobierno ininterrumpido, si atendemos a los resultados de la última elección.


contacto@delphos.nu
[1] http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/registra-edomex-incremento-de-50-en-robo-casa-habitacion [2] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/16/1140230 [3] https://elpais.com/internacional/2017/05/15/mexico/1494869255_010650.html [4] http://edomexinforma.com/2017/10/afirma-adm-que-el-edomex-no-descansara-hasta-ponerse-nuevamente-de-pie/